Houston, Texas. – El caso de Lorenzo Salgado Araujo, el migrante mexicano de 52 años abatido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se ha convertido en el centro de una fuerte controversia tras revelarse testimonios que contradicen la versión oficial de las autoridades federales.

Testimonios contra la versión oficial

Tres hombres que viajaban en la camioneta junto a Salgado Araujo al momento de los hechos afirmaron, a través de su abogado Hugo Balderas Ibarra, que el agente nunca estuvo en peligro y que no existió ninguna amenaza por parte del migrante. Según el relato, el disparo fue efectuado directamente a través de la ventanilla del pasajero sin que mediara una provocación.

Esta versión refuta los argumentos del ICE, que sostiene que el migrante ignoró órdenes y embistió un vehículo oficial, obligando al agente a disparar en defensa propia; no obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha presentado pruebas que sustenten dicho alegato.

Ocultamiento de información y falta de transparencia

La agencia migratoria se ha negado rotundamente a revelar la identidad del agente involucrado, argumentando riesgos de seguridad para él y su familia. La falta de transparencia es absoluta: los agentes no portaban cámaras corporales, no se han difundido fotos o videos del incidente, y la agencia no ha confirmado si el responsable permanece en funciones o bajo licencia administrativa.

La gravedad del caso se agrava ante denuncias sobre presuntas presiones del ICE para que los testigos presenciales acepten una “salida voluntaria” del país, lo cual, según defensores, busca silenciar a los únicos que pueden desmentir la narrativa oficial antes de que concluyan las investigaciones.

Tensión institucional y búsqueda de justicia

La actuación del ICE ha provocado fricciones con autoridades locales en Houston. El alcalde John Whitmire calificó el operativo como una acción “fuera de control” y ha solicitado una investigación independiente, reconociendo que la policía municipal no colabora con la agencia federal y que incluso desconocía el operativo. Por su parte, la fiscalía del condado de Harris, aunque excluida de la investigación federal, realiza sus propias diligencias en busca de testigos y evidencias.

Salgado Araujo, quien residió en Estados Unidos por más de 35 años y trabajaba en la construcción, no contaba con antecedentes penales y se encontraba en las etapas finales de un proceso para regularizar su estatus migratorio al momento de ser asesinado. Representantes como Sylvia Garcia han cuestionado la agresividad de estos operativos, recordando que Salgado es al menos la octava víctima mortal desde que se intensificó la ofensiva migratoria actual.