Monterrey.- Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió este lunes al Congreso de Nuevo León resolver el juicio político contra el Gobernador Samuel García (MC) por presuntos actos de corrupción, así como separarlo del cargo o inhabilitarlo para el servicio público.

La Ministra María Estela Ríos concedió una suspensión en la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo de Nuevo León a finales de junio para impugnar el procedimiento iniciado por denuncia de Morena por supuestos actos de peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros.

“De no concederse (la suspensión) en los términos precisados se afectaría la continuidad en el ejercicio de las funciones de Gobierno del titular del Ejecutivo estatal, lo que podría generar un daño de difícil reparación frente a una sentencia estimatoria, pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”, afirmó la Ministra.

“Además, con esta medida se salvaguarda el normal desarrollo de la Administración Pública estatal, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su Titular”.

La suspensión estará vigente por tiempo indefinido, mientras la Corte analiza la legalidad de los actos que García imputa a la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal, lo que podría llevar varios meses.

Por su parte, el Congreso puede impugnar la suspensión mediante reclamación ante el Pleno de la Corte, pero es poco probable que dicho recurso prospere, pues hay múltiples precedentes de situaciones similares en los que se ha frenado la posible destitución de Gobernadores por juicios políticos.

El sexenio de García termina en octubre de 2027, por lo que es previsible que la suspensión en la Corte le permitirá seguir en el cargo la mayor parte del tiempo que le queda, sino es que todo el periodo.

La suspensión otorgada por la Ministra se suma a la que García obtuvo mediante una demanda de amparo a título personal ante una jueza federal de Monterrey, que la semana pasada ordenó a los diputados locales que “se abstengan de emitir el dictamen, resolución y/o acuerdo definitivo para que sea puesto a votación en el Pleno” del Congreso.

Esta suspensión-que será revisada por un tribunal colegiadoes más rigurosa que la concedida por la Ministra Ríos, que sí permite seguir adelante con las actuaciones del juicio político, pero sin emitir la resolución final.

El propio Samuel García litigó en años recientes ante la Corte por otro juicio político, que la Comisión Anticorrupción le abrió en enero de 2023 por reconducir el presupuesto de 2022 para los años siguientes, una de muchas disputas que ha protagonizado con los otros Poderes de Nuevo León desde que asumió el cargo en octubre de 2021.

Como parte de este caso, en mayo de 2024 la anterior integración de la Corte declaró la invalidez de un párrafo del artículo 203 de la Constitución de Nuevo León, que regula el juicio político, ya que permitía al Congreso local ordenar la separación inmediata del cargo del funcionario acusado, antes de resolver si era responsable o no.