Saltillo, Coah.- El reciente caso de maltrato animal conocido como “Caso Rocky” en Saltillo ha generado una profunda indignación social y un intenso debate sobre la eficacia de las leyes de protección animal en Coahuila. Ante la situación, la reconocida activista Claudia Leza analizó el panorama actual, subrayando la importancia de distinguir entre información verídica y los rumores que circulan en redes sociales, los cuales a menudo desvían el foco de atención del bienestar del animal.

Leza destacó que, tras más de diez años de lucha en el activismo, el objetivo principal debe ser el fondo del asunto y el seguimiento legal adecuado, evitando caer en la “grilla” o la búsqueda de notoriedad en plataformas digitales. Según la activista, es crucial que la ciudadanía se informe a través de canales oficiales y autoridades competentes para no entorpecer los procesos judiciales que se encuentran en curso.

Respecto a los detalles del caso, la especialista respaldó la veracidad de la atención veterinaria que está recibiendo Rocky. Explicó que los procedimientos médicos, como el rasurado de pelo y la limpieza de heridas, son pasos técnicos normales y necesarios para salvar la vida del animal, desmintiendo así las teorías conspirativas que surgieron en internet por el aspecto del perro.

La activista enfatizó que el sistema de justicia en Coahuila ha evolucionado significativamente gracias a la colaboración constante entre asociaciones civiles y autoridades durante los últimos años. Resaltó la importancia de la figura del Ministerio Público especializado en maltrato animal, un avance que permite hoy formalizar denuncias de manera más estructurada y efectiva que en el pasado.

No obstante, Leza hizo un llamado a la profesionalización del rescate animal, aconsejando a quienes deseen involucrarse en la defensa de los derechos de los seres sintientes que se capaciten en temas legales. Afirmó que entender el Código Penal es fundamental para que las denuncias sean procedentes y no se conviertan en actos fallidos debido a errores en el procedimiento judicial.

En cuanto a las sanciones actuales, la activista señaló que el artículo 261 del Código Penal de Coahuila establece penas de 2 a 4 años por maltrato, las cuales aumentan a un rango de 6 a 8 años si el animal llega a fallecer. Consideró que, aunque existe un marco legal, es necesario luchar por elevar estas penas, proponiendo llegar a los 10 años para evitar que los responsables salgan bajo fianza.

Un punto central en el análisis fue la correlación entre la violencia hacia los animales y la violencia hacia los humanos. Leza advirtió que una persona capaz de maltratar a un animal representa una señal de alerta para la sociedad, ya que este comportamiento es, en muchas ocasiones, la antesala de agresiones contra personas vulnerables, por lo que urgió a no minimizar estos casos.

Finalmente, se planteó una reflexión sobre la responsabilidad compartida entre sociedad, autoridades y medios de comunicación. Claudia Leza insistió en no tirar a la borda los logros alcanzados en materia legislativa y abogó por una cultura de respeto y protección animal que sea constante y no solo reactiva ante casos mediáticos, asegurando que solo mediante la coordinación institucional se logrará una verdadera justicia.