Italia.- La nueva norma permitirá a la Policía registrar los rostros e iris de todas las personas que transiten una semana antes por un lugar donde haya convocada una manifestación, e incluye tipificar como delito “participar en protestas que deriven en altercados”.

El Gobierno fascista italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha articulado un paquete normativo diseñado para ampliar las facultades de la Policía y el control de las concentraciones públicas mediante el uso de la inteligencia artificial, según informa ilmanifesto.

La iniciativa principal se canaliza a través de un esquema de decreto legislativo coordinado por el subsecretario Alfredo Mantovano, orientando la trasposición del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea hacia el ámbito del orden público y la vigilancia urbana, según consta en el texto remitido a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Europeos de la Cámara de Diputados y del Senado.

El eje central de la medida se apoya en los artículos 8 y 10 del proyecto normativo.

El artículo 8 faculta a la Policía para emplear el reconocimiento facial en tiempo real en situaciones clasificadas de “urgencia” mediante la integración de herramientas de inteligencia artificial con las redes de videovigilancia de las ciudades, requiriendo para ello únicamente una comunicación oral al fiscal, sin necesidad de solicitar una autorización judicial previa.

Por su parte, el artículo 10 regula la identificación a posteriori mediante la recolección preventiva y continuada, durante un periodo de siete días, de los datos biométricos, como el rostro o el iris, de todas las personas que transiten por un lugar donde se haya convocado una manifestación, quedando esa información almacenada a disposición de las autoridades judiciales.

De forma complementaria a este decreto, el grupo parlamentario Fratelli d’Italia ha presentado en la Cámara de Diputados una proposición de ley que busca tipificar como delito de asociación ilícita la participación en protestas públicas que “deriven en altercados”.

La propuesta equipara los disturbios de calle a los delitos de mafia o ‘terrorismo’, incluyendo la confiscación de bienes para quienes formen parte de “grupos de tres o más personas coordinadas que cometan actos de resistencia a la autoridad o daños materiales”.

La iniciativa, anunciada por la formación bajo la consigna de “tolerancia zero” como respuesta a las protestas ocurridas la semana pasada en Bolonia y la Val di Susa contra el TAV, establece además penas de uno a cuatro años de prisión por favorecimiento para quienes presten refugio, transporte o alimentos a los manifestantes.

La Comisión Europea ha intervenido desde Bruselas a través de un portavoz oficial para recordar que la legislación comunitaria “prohíbe el rastreo público y generalizado de los desplazamientos diarios de los ciudadanos”.

Ante este escenario y tras el malestar expresado por sus socios de coalición de Forza Italia, el Gobierno aceptó introducir modificaciones leves en el texto antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros fijado para el 4 de agosto.

Las correcciones consensuadas en comisión sugieren encomendar la autorización de los datos biométricos a un juez y prohibir que un arresto se fundamenta exclusivamente en los resultados de la inteligencia artificial, si bien la oposición recalca que estos cambios son superficiales y mantienen intacto el fondo de la medida.