Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este martes dará a conocer un decreto para garantizar el acceso a la información del Gobierno y reservar únicamente aquella relacionada con seguridad nacional o procesos judiciales en curso.

La Mandataria adelantó que también presentará un planteamiento para incorporar esos criterios en la ley, además de mantener la protección de los datos personales.

“ El objetivo es que sólo aquello que realmente es seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer, pero las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del Gobierno, obviamente resguardando los datos personales”, afirmó.

La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la consejera jurídica Luisa María Alcalde, acudirán a la conferencia matutina para explicar el decreto y la propuesta legal.

“ Si quieren, mañana tocamos ese tema. Va a venir Luisa María Alcalde y Raquel Buenrostro, vienen a platicar, era para el viernes, pero ya no pudimos hacerlo, sobre el tema de la transparencia, un decreto que voy a emitir y un planteamiento también para que sea parte de la ley”, agregó..

El INAI fue extinguido mediante la reforma constitucional de simplificación administrativa y las leyes secundarias publicadas el 20 de marzo de 2025. Sus facultades fueron distribuidas entre autoridades garantes de los poderes y órganos autónomos.

En la Administración Pública Federal, el acceso a la información quedó a cargo de Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con autonomía técnica y operativa.

La dependencia encabezada por Buenrostro asumió directamente las funciones relacionadas con la protección de datos personales y la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sheinbaum informó que este martes también volverán a abordar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente sometidos a consulta pública.

El viernes pasado, la Presidenta anunció que Alcalde se reuniría con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, después de las inconformidades expresadas por los concesionarios sobre el proyecto.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió la consulta el 27 de julio y recibirá comentarios hasta el 21 de agosto de concesionarios, especialistas, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos.

El proyecto establece obligaciones para diferenciar la información de la opinión y la publicidad de los contenidos informativos, además de contar con códigos de ética y defensores de las audiencias.

También prevé que los radioescuchas y televidentes puedan presentar quejas ante los defensores y, si sus recomendaciones no son atendidas, recurrir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Los lineamientos serían aplicables a concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como a empresas programadoras.