La Habana.- El Gobierno de Cuba calificó de “contundente” la condena emitida este jueves por relatores y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sobre las nuevas sanciones de Estados Unidos contra la isla, denunciándolas como “un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción”.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, resaltó el pronunciamiento de los expertos que insta a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se instaure en la isla una “Gaza silenciosa”.

Asimismo señaló que en su comunicado ellos rechazaron que “EU acuse sin pruebas a Cuba de ser una supuesta amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica”, así como su demanda a Washington para que cese “todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba”.

El jefe de la diplomacia cubana subrayó además el llamado al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU “a abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales” que hace el comunicado firmado, entre otros, por la relatora de la ONU sobre el impacto de sanciones, Zaina Jallad, y su homóloga sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva.

Este jueves, el Gobierno de EU anunció nuevas sanciones contra cinco entidades estatales y ocho funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera, a los que acusa de facilitar la cooperación militar con adversarios de Washington y la adquisición de armamento destinado al Ejército de la isla.

Esta nueva ronda de sanciones con las que Washington refuerza sus presiones con el fin de forzar cambios económicos y políticos en la isla, incluye a la sociedad mercantil Duna S.A., la Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa militar industrial Yuri Gagarin.

También contempla a las empresas Tecnoimport y Tecnotex, vinculadas a la importación de equipos militares y a la reparación de helicópteros de fabricación rusa, y ambas subsidiarias del conglomerado militar insular GAESA, sancionado anteriormente por EU.

Entre los funcionarios recién designados por la Administración estadounidense figuran los funcionarios del ministerio de las FAR, Roberto Legrá Sotolongo, jefe de su Estado Mayor, el responsable de Relaciones Exteriores, José Antonio Remón Rodríguez, y su director económico, Oscar Enrique Biosca Gallego.

Estas medidas están dirigidas además contra los agregados militares cubanos en Rusia, Mónica Milián Gómez, y en China, Waldo Pérez Cortés, y los directores generales de la UIM, Roberto Jesús Viciana Mousset y de Tecnoimport, Heriberto Sánchez Alleyne.

Las sanciones implican la congelación de cualquier propiedad o interés financiero de los designados bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de que personas y empresas de EU realicen transacciones con ellos.

Los anteriores paquetes de sanciones de EU afectaron a entidades relacionadas con el sistema cubano de misiones médicas en el extranjero, como la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), el Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet), y el Ministerio del Turismo.

El conglomerado Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres, fueron los primeros sancionados con la medida de la Administración de Donald Trump que después sumó al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros funcionarios y entidades estatales.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por el asedio petrolero de EU, con apagones de más de 20 horas la Habana y hasta 72 horas seguidas en el resto del país, lo que ha agravado la crisis económica que arrastra la isla desde hace seis años.