Ciudad de México.– Con el firme propósito de prevenir y erradicar el embarazo en niñas de 10 a 14 años y reducir la tasa de maternidad adolescente, la Secretaría de las Mujeres puso en marcha un despliegue nacional de 279 profesionistas, destinando un presupuesto de 39.9 millones de pesos.

La estrategia, coordinada por María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la dependencia, prioriza aquellas regiones del país donde históricamente se ha registrado una menor presencia institucional y mayores índices de vulnerabilidad.

Brigadas en zonas de difícil acceso y combate a la violencia sexual

Para cumplir con este objetivo, las promotoras y brigadistas recorren comunidades rurales, ejidos, rancherías y zonas costeras, cruzando ríos, montañas y caminos agrestes —en ocasiones transitables únicamente a caballo— con el fin de llevar información y garantizar el ejercicio de derechos en los municipios más apartados.

Los recursos provienen del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM 2026) y se ejercen mediante transferencias a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), en el marco del programa presupuestario de igualdad sustantiva. El despliegue se ha dividido en dos etapas:

– Primera convocatoria: Se asignaron 25.4 millones de pesos para reclutar a 150 profesionistas (50 promotoras y 100 brigadistas) con presencia en 50 municipios de 19 estados.

– Segunda convocatoria: Se destinaron 14.5 millones de pesos para sumar a 129 elementos (43 promotoras y 86 brigadistas) en 43 municipios de 18 entidades.

En entrevista con La Jornada, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, explicó que estas acciones se concentran principalmente en localidades con alta persistencia de la problemática y de violencia de carácter sexual contra niñas y adolescentes, focalizándose en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán y diversas entidades del norte del país.

Desmitifican los “usos y costumbres” y atacan la pobreza

Ante este fenómeno, Gómez Saracibar fue enfática al rechazar que los embarazos infantiles tempranos respondan a prácticas tradicionales de los pueblos originarios:

” “Estamos convencidas, y lo decimos fuerte y claro, que la violencia muchas veces en las comunidades indígenas no se da por usos y costumbres, se da por otros factores como pueden ser la discriminación, incluso la pobreza. Las comunidades indígenas no tenían en su seno estas prácticas. En realidad, la pobreza, la discriminación y el olvido han pasado factura como siempre a las mujeres”, aseveró.

Estrategia integral de intervención comunitaria

El plan operativo busca atacar de raíz la exclusión y la marginación en comunidades indígenas y afromexicanas mediante el uso de herramientas pedagógicas articuladas en nueve ejes de intervención:

– Acciones comunitarias y recorridos casa por casa.

– Vinculación con personal docente e instituciones educativas.

– Coordinación con personal de salud.

– Capacitación a servidores públicos municipales y autoridades comunitarias.

– Trabajo directo con madres, padres y personas cuidadoras.

– Talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

– Intervenciones en espacios públicos.

– Articulación con los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).

Con esta política pública, el gobierno federal busca transformar las dinámicas sociales que normalizan las uniones tempranas y la violencia sexual, garantizando el acceso a una educación sexual integral, servicios de salud oportunos ante abusos y reafirmando el principio de que los derechos y la dignidad de la niñez se encuentran por encima de cualquier consideración o costumbre.