Ciudad de México.- En México, miles de niñas, niños y adolescentes han quedado en situación de orfandad como consecuencia de la violencia, los homicidios, feminicidios, desapariciones, abandono y la pandemia; sin embargo, el Estado mexicano ni siquiera cuenta con un registro nacional especializado que permita saber con precisión cuántos son, dónde están y qué protección reciben.

Ante esta realidad, el diputado federal panista Marcelo Torres Cofiño presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establecer mecanismos específicos para identificar, registrar, proteger y dar seguimiento a los menores en situación de orfandad.

“Estamos hablando de una tragedia invisible. Hay niñas y niños que perdieron a su madre, a su padre o a ambos y después, en demasiados casos, el Estado también los perdió de vista. No sabemos con precisión cuántos son, cuáles son sus condiciones ni quién está respondiendo por ellos”, señaló Marcelo Torres.

La iniciativa advierte que actualmente no existe un registro nacional especializado, homologado y permanentemente actualizado que permita identificar a estos menores, conocer las causas de su situación, sus condiciones socioeconómicas o los apoyos institucionales que reciben. Esta falta de información dificulta diseñar políticas públicas, coordinar su protección y asignar recursos suficientes.

El legislador señaló que el problema adquiere una dimensión particularmente grave en un país golpeado por la violencia y las desapariciones. La exposición de motivos recoge estimaciones de organizaciones según las cuales alrededor de 13 mil menores habrían quedado huérfanos como consecuencia de la pandemia de COVID-19, mientras que colectivos y organizaciones han estimado en 131 mil niñas, niños y adolescentes la orfandad relacionada con el fenómeno de la desaparición. Además, entre 2019 y 2024 desaparecieron más de 8 mil menores de edad.

Torres Cofiño advirtió que estas cifras revelan también una falla fundamental: México carece de información oficial integral que permita conocer la verdadera dimensión del problema.

“Tenemos estimaciones de organizaciones y colectivos, pero el Estado no puede seguir trabajando a ciegas. Para proteger a un niño primero tenemos que saber que existe, dónde está y qué necesita. Lo que no se registra termina siendo invisible para las instituciones”, sostuvo.

La orfandad, añadió, no solamente implica la pérdida de los padres o de quienes ejercían su cuidado. También puede colocar a niñas, niños y adolescentes frente a mayores riesgos de abandono escolar, pobreza extrema, violencia, explotación laboral y sexual, trata de personas, trabajo infantil, afectaciones a la salud mental y reclutamiento por organizaciones delictivas.

“Ahí está una de las mayores urgencias: un niño que queda solo y sin protección institucional puede convertirse en presa fácil de explotadores, tratantes o del crimen organizado. El Estado tiene que llegar antes que los criminales”, afirmó.

La iniciativa propone incorporar expresamente en la legislación el concepto de “situación de orfandad” y obligar al Sistema Nacional DIF, los sistemas estatales y las Procuradurías de Protección a otorgar medidas especiales de protección y garantizar los cuidados necesarios para el bienestar y desarrollo integral de estos menores.

Además, establece la creación de un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, que permita identificarlos oportunamente, incorporarlos a mecanismos de protección y seguimiento, evitar omisiones institucionales y generar información confiable para diseñar políticas públicas especializadas.

La reforma busca que esa protección pueda traducirse en acciones concretas como apoyo psicológico, acceso prioritario a servicios de salud, continuidad educativa, asistencia jurídica, incorporación a programas sociales y protección frente a violencia, explotación o reclutamiento criminal.

Torres Cofiño destacó que no se plantea crear una nueva estructura burocrática, sino fortalecer y ampliar los sistemas de información que ya existen. El manejo del registro deberá garantizar en todo momento la confidencialidad, la protección de datos personales y el interés superior de la niñez.

La iniciativa establece un plazo de 180 días hábiles para que el Sistema Nacional DIF, los sistemas estatales y municipales, en coordinación con las Procuradurías de Protección, integren el registro actualizado una vez que la reforma entre en vigor.

Finalmente, Marcelo Torres llamó a todas las fuerzas políticas a respaldar la propuesta y colocar la protección de la infancia por encima de cualquier diferencia partidista.

“Una niña o un niño que pierde a sus padres ya sufrió una tragedia enorme. No podemos permitir que después enfrente otra: la indiferencia de las instituciones. No necesitan discursos; necesitan que sepamos quiénes son, dónde están y qué necesitan para salir adelante”.

“Perder a sus padres no puede significar perder también al Estado. Ninguna niña y ningún niño en situación de orfandad debe permanecer invisible para México”, concluyó Marcelo Torres Cofiño.