Ciudad de México.— Más de tres años después de una tragedia que conmocionó a Estados Unidos, el caso de Lindsay Clancy vuelve a ser noticia. El juicio contra esta mujer de Massachusetts, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en enero de 2023, comenzó a finales de julio.

Por su parte, Clancy está acusada de tres asesinatos en primer grado por la muerte de Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de apenas ocho meses. Todos fueron encontrados inconscientes en el sótano del domicilio familiar en Duxbury, Massachusetts.

La Fiscalía sostiene que Clancy aprovechó la ausencia de su marido en casa el día de los hechos para atacar a sus hijos. Una vez regresó, encontró a sus hijos y llamó a los servicios de emergencia, una de las pruebas más delicadas del proceso. Tanto es así que este hombre pidió al juez restringir su difusión pública junto con las fotografías de las autopsias.

Tras el ataque, la acusada saltó desde una ventana del segundo piso en lo que los investigadores consideran un intento de suicidio. Sobrevivió, pero quedó paralizada de cintura para abajo.

Llevaba meses pidiendo ayuda

En cuanto a la estrategia de la defensa, esta no pretende negar que Clancy matara a sus hijos, sino demostrar que no era mentalmente responsable de lo ocurrido. Sus abogados sostienen que, después del nacimiento de Callan, su salud mental se deterioró gravemente, motivo por el que hablan de una psicosis posparto y de un trastorno bipolar que, según la defensa, no habría sido diagnosticado correctamente.

La acusada había acudido a distintos profesionales de salud mental y llegó a ingresar brevemente en un hospital psiquiátrico. Durante ese periodo recibió diferentes tratamientos farmacológicos, mientras continuaba experimentando problemas de sueño, ansiedad, pensamientos suicidas y una creciente desconexión emocional.

Su equipo legal sostiene que la atención que recibió no fue suficiente para detectar la gravedad de su situación. Una de las psiquiatras que la trató, Jennifer Tufts, ha declarado durante el juicio que Clancy no presentaba signos de psicosis en sus consultas y que nunca le comunicó que tuviera intención de hacer daño a sus hijos. La defensa, sin embargo, cuestiona precisamente esa valoración y ha puesto el foco en las consultas médicas, los cambios de medicación y la evolución de sus síntomas.

La acusación admite que Clancy atravesaba problemas de salud mental, pero sostiene que estos no le impedían comprender lo que estaba haciendo. Para la Fiscalía, hubo una planificación previa y decisiones conscientes destinadas a crear el momento adecuado para atacar a los niños. Entre las pruebas que se están examinando aparecen búsquedas realizadas en internet relacionadas con la psicosis, las alucinaciones, los medicamentos y métodos de suicidio. Los fiscales también han señalado determinados mensajes y comportamientos de esta mujer durante las horas previas a la muerte de sus hijos para intentar demostrar que podía desenvolverse con normalidad y tomar decisiones deliberadas.

La Fiscalía ha llegado incluso a plantear que el posterior intento de suicidio pudo formar parte de una estrategia para hacer creer que Clancy había actuado bajo una alteración mental extrema. La defensa rechaza esta interpretación y sostiene que precisamente ese comportamiento es compatible con una crisis psiquiátrica grave. Una de las grandes batallas del juicio está relacionada con el tratamiento que recibió durante los meses anteriores.

Su defensa cuestiona las decisiones tomadas por los profesionales que la atendieron y argumenta que los cambios de medicación no consiguieron estabilizarla. Durante el proceso se han presentado testimonios sobre cómo algunos fármacos le hicieron sentirse desconectada o fuera de la realidad y sobre sus problemas para dormir y su deterioro emocional. (CT Insider)

Clancy se ha declarado no culpable de los cargos y su defensa mantiene que no debe ser considerada penalmente responsable debido a su enfermedad mental. Si el jurado la declara culpable de asesinato en primer grado, se enfrenta a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si, en cambio, considera que no era penalmente responsable por una enfermedad mental, el desenlace no supondría simplemente su puesta en libertad: podría ser ingresada en un centro psiquiátrico de máxima seguridad.