Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) propone un plan para proteger financieramente a los agentes de policía locales que realizan arrestos migratorios, subvencionando un seguro de responsabilidad civil ante posibles acusaciones de mala conducta.

Según un documento de planificación difundido el viernes, la iniciativa busca cubrir a los funcionarios estatales y locales que son capacitados y autorizados para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. La medida llega en un momento en que las alianzas entre ICE y departamentos policiales locales se han multiplicado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y podría eliminar uno de los principales frenos que ha mantenido alejados a algunos cuerpos policiales del programa.

De acuerdo con el plan, los agentes contratarían una póliza que cubriría hasta 500 mil dólares en responsabilidad civil, monto que normalmente cubre gastos legales, acuerdos extrajudiciales y sentencias. A cambio, recibirían un reembolso anual de hasta 250 dólares, cifra cercana al costo estimado del seguro.

David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, cuestionó la propuesta al señalar que representa otra vía para que los agentes eviten responsabilidad personal por su actuación, y acusó a ICE de blindar a las fuerzas del orden de cualquier riesgo legal por violar derechos mientras participan en operativos migratorios.

ICE presentó el plan a representantes del sector y evalúa contratar a una empresa externa que se encargue de la divulgación, capacitación y comunicación de sus programas de colaboración conocidos como 287(g), en referencia a la ley de inmigración de 1996. Esa misma empresa gestionaría la contratación de la aseguradora y el trámite de los reembolsos. La agencia pidió comentarios del sector antes del jueves, aunque no ha precisado fecha de lanzamiento ni costo total del programa.

Arrestos se disparan bajo el modelo de colaboración

Durante el segundo mandato de Trump, ICE ofreció fuertes incentivos económicos a las agencias locales, lo que impulsó tanto el número de departamentos participantes como el de arrestos realizados. Actualmente cerca de mil 600 agencias en 32 estados mantienen acuerdos bajo el modelo de grupo de trabajo, que permite a policías locales capacitados interrogar, arrestar y presentar cargos contra personas sospechosas de estar de forma irregular en el país.

Los departamentos pueden acceder a fondos para cubrir salarios, equipo y vehículos. Estados como Florida, Texas, Oklahoma y Georgia, con respaldo de funcionarios republicanos, han sido pioneros en sumarse al esquema. Según datos entregados por ICE al Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, los arrestos bajo estos programas promediaron 3 mil por mes durante los primeros dos meses de 2026, frente a un promedio mensual de 250 registrado en 2024, durante la administración de Joe Biden.

Preocupación por responsabilidad civil entre agentes locales

El aumento de funciones migratorias entre policías locales ha generado inquietud por posibles demandas relacionadas con uso excesivo de la fuerza, detenciones y cateos ilegales, entre otros señalamientos. El problema radica en que las pólizas locales podrían no cubrir este tipo de trabajo: el fondo de riesgo de Pensilvania, por ejemplo, excluyó recientemente las “actividades proactivas de control migratorio” de su cobertura, obligando a varios condados a buscar seguros alternativos.

El sheriff del condado de Butler, Michael Slupe, relató que logró asegurar a sus 13 agentes participantes en el programa con un costo de 20 mil dólares en primas anuales, gasto que —afirmó— será cubierto con fondos federales.

A diferencia de los funcionarios federales, que suelen contar con inmunidad legal y defensa financiada por el gobierno, los agentes locales no siempre gozan de esas protecciones, lo que ha intensificado la demanda de seguros propios. Además de las demandas civiles, este tipo de pólizas también ayuda a cubrir honorarios legales en caso de investigaciones penales.

Sheriffs ven con buenos ojos la propuesta

Justin Smith, ex sheriff de Colorado y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Sheriffs, calificó el plan como prometedor y dijo estar interesado en conocer más detalles sobre su funcionamiento. Smith explicó que ha transmitido a ICE la reticencia de algunos alguaciles a sumarse a estas colaboraciones por temor a la responsabilidad legal, en un contexto de fuertes protestas públicas y escrutinio mediático hacia la aplicación de leyes migratorias. Agregó que algunos agentes ya enfrentan demandas por su labor migratoria, lo que puede resultar costoso aun si finalmente se determina que no hubo irregularidades.

Según los acuerdos vigentes, ICE advierte a los departamentos locales que son responsables de los costos derivados de incidentes que generen responsabilidad, aunque busca reducir el riesgo al considerar que los agentes actúan “bajo la apariencia de autoridad federal”, lo que dificultaría demandas contra elementos individuales. Los acuerdos también permiten que los agentes que enfrenten demandas civiles soliciten representación del Departamento de Justicia de EE. UU., aunque la decisión final de otorgarla depende de esa dependencia.