Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene su postura frente a las denuncias de la familia de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California: hasta el momento no se le ha otorgado la prisión domiciliaria que solicita su defensa, y la institución ha rechazado tanto los señalamientos de persecución política como las denuncias de malos tratos durante su reclusión.

Ruffo Appel, de 74 años, permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, desde su detención el 16 de julio en Ensenada, acusado de encabezar una red de contrabando de combustible —el llamado “huachicol fiscal”— vinculada a la empresa Ingemar, de la cual es accionista y exsecretario del Consejo de Administración.

Su defensa ya promovió un cuarto juicio de amparo contra la negativa de un juez de control a sustituir la prisión preventiva por domiciliaria, argumentando su edad y padecimientos de salud que requieren atención médica continua.

Sobre las denuncias de maltrato hechas por su hija Verónica Ruffo —quien ha señalado que no se le permite recibir insumos básicos y que su vida corre peligro—, la FGR ha insistido en que el proceso se ha llevado con apego a la Constitución y respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos del imputado.

“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”, señaló la dependencia en un comunicado previo, luego de que expresidentes, dirigentes del PAN y el propio Vicente Fox calificaran el caso como una persecución política.

De acuerdo con la Fiscalía, el expediente ya reúne 96 datos de prueba y el daño estimado al erario supera los 4 mil millones de pesos, cifra muy superior a la imputación formal inicial de 166 millones. Este miércoles, la FGR informó además sobre un cateo a dos bodegas en la CDMX vinculadas al caso, del cual la fiscal Ernestina Godoy dijo que permitió recabar documentación clave sobre el funcionamiento de la red.

Hasta ahora, nueve personas han sido detenidas en el marco de esta investigación, entre ellas Ruffo Appel.