Ciudad de México.- Tras las inconsistencias surgidas por el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, el vicecoordinador de Estrategia y Proceso Legislativo de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó perfeccionar la política contra el huachicol.

El pronunciamiento del legislador morenista se produjo después de que autoridades presentaron el operativo como un decomiso de combustible presuntamente ilícito, mientras que la empresa Gas Natural del Noroeste, de Grupo SIMSA, aseguró que la terminal opera legalmente y almacena producto propiedad de terceros.

Ramírez Cuéllar sostuvo que el caso obliga al Estado mexicano a fortalecer los mecanismos de trazabilidad, supervisión y coordinación institucional para combatir el mercado ilegal de hidrocarburos.

“Los acontecimientos de Guanajuato muestran la importancia de seguir perfeccionando nuestras herramientas. México necesita una política contra el huachicol que sea preventiva, tecnológica y capaz de seguir tanto la ruta del combustible como la ruta de los recursos que genera. Se trata de fortalecer al Estado para que pueda actuar con mayor oportunidad y eficacia, siempre con sustento jurídico”, afirmó.

El legislador impulsa una iniciativa para reformar cuatro ordenamientos y establecer una estrategia basada en prevención tecnológica, coordinación institucional, persecución penal y seguimiento de los bienes y recursos vinculados con el mercado ilegal de combustibles.

La propuesta establece controles volumétricos para comparar entradas, salidas y existencias de combustible, y considera relevante una discrepancia superior a 1.5 por ciento en hidrocarburos o petrolíferos líquidos y de 3 por ciento en gaseosos, una vez descontadas las mermas técnicas certificadas.

También plantea que los permisionarios reporten esas diferencias en un máximo de 24 horas hábiles y que, en determinados casos, Hacienda presente una querella electrónica dentro de las siguientes 48 horas, con aviso a la Comisión Nacional de Energía, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Lo que necesitamos es que la información que ya generan las empresas pueda convertirse en una herramienta efectiva de prevención. Una diferencia relevante no puede permanecer aislada en un sistema mientras otra autoridad desconoce esa señal de alerta”, señaló.

Ramírez Cuéllar había planteado desde julio modificar la estrategia contra el huachicol fiscal para perseguir no sólo a quienes introducen ilegalmente petrolíferos, sino también a compradores y otras empresas que recurren al mercado negro.

La FGR informó este fin de semana que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada atrajo la investigación de San José Iturbide y realiza diligencias para determinar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de los hidrocarburos localizados.