Córdoba, Veracruz. — Una jueza federal abrió formalmente la posibilidad de someter a un juicio penal con miras a prisión al empresario de medios José Abella García, propietario de los diarios y estaciones El Buen Tono y Radio Banana, tras negarle un amparo con el que buscaba obtener el perdón judicial por los delitos de violencia en razón de género, violencia psicológica, coacción y amenazas en agravio de la exalcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero.

La resolución fue emitida por la jueza Margarita Morrison, titular del Juzgado 12 de Distrito con sede en Córdoba, al desechar el amparo promovido por el imputado, quien intentaba frenar por la vía federal el proceso legal que enfrenta desde hace varios años.

Antecedentes y argumentos de la defensa

De acuerdo con el abogado defensoriado, David Molina, la defensa de la exmandataria panista aportó elementos probatorios suficientes para demostrar que las peticiones jurídicas del empresario resultaban improcedentes, máxime cuando se documentó que Abella continuó cometiendo agresiones y hostigamiento en contra de la agraviada a través de sus plataformas de comunicación.

El caso se remonta a 2018, cuando tras la llegada de Leticia López a la presidencia municipal de Córdoba, el empresario emprendió una campaña sistemática de descalificaciones y ataques públicos. Para 2020, tanto el Tribunal Electoral de Veracruz como instancias federales resolvieron que Abella incurrió en violencia política en razón de género.

Posteriormente, en 2021, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Tras múltiples recursos legales infructuosos interpuestos entre 2022 y 2025 para intentar suspender el procedimiento penal, el reciente fallo adverso ante la justicia federal agotó sus recursos para eludir la acción penal.

Siguiente etapa procesal

Con esta resolución federal, será la jueza de control Jennifer García Reyes la encargada de conducir las etapas subsecuentes del proceso y determinar el desenlace jurídico del caso, en el que el empresario podría enfrentar una sentencia privativa de la libertad por las agresiones cometidas contra la exfuncionaria.

Con información de LATINUS