Ciudad de México.- Luego de que expertos de la ONU denunciaron que las madres buscadoras en México son víctimas de desaparición forzada y asesinato mientras prevalecen altos índices de impunidad, el Gobierno negó que exista un patrón de desaparición en contra de las activistas.

A través de un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores aseguraron que la localización de personas es una “obligación primaria” y, por ende, protege a defensores de derechos humanos.

“El Gobierno de México precisa que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”, rechazaron.

De acuerdo con las dependencias, el Estado tiene un marco jurídico que “previene, protege, investiga, sanciona y repara a las víctimas del delito, que incluye la protección de personas defensoras de derechos humanos”.
Afirmaron que el Gobierno trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y sus homólogos estatales para que ninguna agresión quede impune.

Además, consideró que la postura de cuatro expertos de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no representa la postura de la ONU.

Este miércoles, la organización internacional emitió un comunicado de prensa donde advirtió que las rastreadoras siguen enfrentando violencia letal en México, pues “con frecuencia son víctimas de desaparición forzada”, por lo que exhortaron al País a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a las activistas.

“En México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, conducen a su propia desaparición o asesinato”, acusaron.

Para ello recordó los más recientes ataques en Sinaloa, puesto que en 72 horas desapareció la activista Elisa Altagracia y Alma Rosa Rojo Medina fue agredida junto a su hija y dos menores.

“La violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público. El Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar esa violencia” urgió.

Por su parte, Gobernación y la Cancillería reconocieron que existen desafíos en materia de búsqueda y que han mostrado disposición al diálogo con mecanismos internacionales de derechos humanos para compartir información sobre los avances alcanzados.

Asimismo, reiteraron la estrategia nacional de búsqueda que consta de 10 puntos donde destacan las más recientes modificaciones a la ley vigente y la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda que se opera desde un centro de mando en la Segob.