Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Estados Unidos no ha entregado al Gobierno mexicano pruebas que acrediten los presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa de empresas de Baja California sancionadas por el Departamento del Tesoro.

La Mandataria sostuvo que la Unidad de Inteligencia Financiera sí detectó irregularidades en las compañías y congeló cuentas, pero aclaró que esos hallazgos no acreditan una relación con algún grupo delictivo.

“ No se tienen ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo”, afirmó.

Entre las empresas sancionadas se encuentra Inteliproof Efficient, proveedora de la Fiscalía de Baja California y otras dependencias estatales, a la que Washington ubicó dentro de una red presuntamente vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Reforma publicó que Inteliproof recibió más de 200 millones de pesos de la Fiscalía estatal entre 2022 y 2025 mediante contratos que incluyeron equipo y tecnología utilizada en tareas de seguridad, entre ella software de reconocimiento facial.

La compañía también obtuvo contratos con la Secretaría de Seguridad de Baja California y con los ayuntamientos de Tijuana, Rosarito y Tecate, además de otras operaciones con dependencias locales.

Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila ordenó revisar los contratos celebrados con las compañías señaladas y suspender nuevas contrataciones mientras se analizaban los expedientes.

Sheinbaum explicó que las irregularidades detectadas por la UIF corresponden a posibles inconsistencias en el reporte de impuestos, ingresos o egresos, pero insistió en que eso no demuestra vínculos con la delincuencia organizada.

“ Ese tipo de irregularidades, pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa”, sostuvo.

La Presidenta dijo que la UIF aplicó sanciones y abrió un periodo para que las empresas presenten documentación que permita aclarar sus operaciones financieras.

“ Pero no hay ninguna evidencia de acuerdo con la UIF y el Gobierno de México, en particular, del Gabinete de Seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con el grupo”, señaló.

Sheinbaum indicó que, si las compañías acreditan el origen y manejo de sus recursos, las cuentas pueden ser descongeladas y, en caso contrario, el asunto puede continuar por la vía judicial.