San Antonio, Txs.— Un profesor sustituto de la secundaria Sam Rayburn, ubicada al oeste de San Antonio, fue apartado de su cargo luego de amenazar a un estudiante de 12 años con reportarlo ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la policía local, hecho que generó indignación entre la comunidad educativa.

El incidente salió a la luz cuando la madre del menor, Amanda San Miguel, recibió un mensaje de texto de su hijo preguntándole si podía faltar a su entrenamiento tras el amago del docente. De acuerdo con el testimonio de la madre, el menor presentó crisis de ansiedad y temor de regresar al plantel escolar.

Escuela suspende al docente e inicia investigación

Tras la denuncia, el distrito escolar confirmó la separación inmediata del maestro mientras se deslindan responsabilidades.

” “Puedo confirmar que un estudiante presentó esa acusación contra un profesor sustituto. Asimismo, confirmo que el docente fue retirado inmediatamente del centro escolar y su condición ha quedado suspendida mientras se lleva a cabo la investigación”, declaró Barry Perez, superintendente adjunto de comunicaciones del colegio.

El suceso encendió las alarmas en el plantel educativo, donde el 86% de la matrícula escolar es de origen latino.

Derecho a la educación garantizado por la Constitución

El caso reabrió el debate sobre el acoso y la discriminación que enfrentan estudiantes de origen migrante en centros escolares estadounidenses.

Al respecto, especialistas en derecho migratorio recordaron que la Constitución de Estados Unidos garantiza el acceso a la educación pública a todos los menores, independientemente de su estatus legal.

Fundamento Legal	Alcance y Protección
14.ª Enmienda Constitucional	Garantiza la Cláusula de Igual Protección, obligando a los estados a proteger por igual a todas las personas bajo su jurisdicción.
Fallo Plyler v. Doe (1982)	Jurisprudencia de la Suprema Corte de EE. UU. que prohíbe negar la educación pública primaria y secundaria a menores indocumentados.

Abogados constitucionalistas señalan que este tipo de amedrentamientos vulneran los derechos de los estudiantes y reflejan el clima de tensión e incertidumbre que viven las familias migrantes en diversos distritos escolares del país.