Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, delegó facultades al titular de la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión para fortalecer el combate a las extorsiones telefónicas y mediante plataformas digitales.

Además, formalizó la operación de un centro que podrá solicitar la suspensión de líneas celulares, cuentas y perfiles digitales utilizados para cometer este delito.

Mediante un acuerdo publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), García Harfuch facultó al titular de dicha unidad para firmar convenios con autoridades y representantes de los sectores público y privado, nacionales e internacionales, a fin de intercambiar información y dar seguimiento a números telefónicos y servicios presuntamente utilizados para cometer extorsiones.

También lo designó como responsable de gestionar solicitudes de información ante empresas de telecomunicaciones, conforme a los requisitos legales y con apoyo de otras áreas de la Secretaría.

El acuerdo, que entró en vigor este martes, aclara que García Harfuch podrá ejercer directamente las facultades delegadas cuando lo considere necesario.

Formalizan operación de centro de denuncias

En un segundo acuerdo publicado en el DOF, el titular de la SSPC estableció las reglas de organización y funcionamiento del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE), que estará a cargo de la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión.

El centro recibirá, registrará, canalizará y dará seguimiento a las denuncias de extorsión presentadas por la ciudadanía a través del número telefónico 089 y plataformas digitales.

Entre sus atribuciones destacan solicitar la suspensión inmediata de líneas celulares utilizadas para cometer extorsiones, gestionar el bloqueo de líneas y dispositivos telefónicos vinculados con estos delitos, así como solicitar la suspensión de cuentas, perfiles o contenidos digitales, conforme a la legislación aplicable.

Además, podrá analizar las denuncias para identificar patrones delictivos, compartir información con las autoridades competentes, proteger la identidad de los denunciantes y brindar orientación a las víctimas.