Ciudad de México.- El INE echó atrás la intención de la ex presidenta, Guadalupe Taddei, de “sugerir” proveedores para sistemas tecnológicos, como el PREP, a los organismos electorales locales.

REFORMA publicó el 25 de octubre que semanas antes de estallar el escándalo por una posible red de corrupción al interior del organismo, la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) envió un oficio a los OPLES en el que les advertía que el Instituto tenía atribuciones, “porque es una actividad de seguimiento”, para evaluar una empresa, otorgarle o negarle una autorización, condicionarle o revocarle u ordenar su sustitución.

El lunes, un día después de que la presidenta Guadalupe Taddei renunciara, el titular de la UTSI, José Alberto Pérez de Acha, quien también dejó el INE el martes por estar relacionado con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, envió otro oficio justificando que se trataba de sugerencias.

El viernes, en una reunión privada de las comisiones unidas de Organización y Capacitación del INE, asesores y partidos mostraron a Pérez de Acha su preocupación por pretender imponerles proveedores, además resultaba escandaloso justo en medio de las acusaciones de que Hernández imponía las empresas que debían contratar en el organismo.

“Son actos sobre la contratación misma, y esa contratación es competencia exclusiva de los OPLES conforme a su propia normativa”, advirtió una asesora en dicho encuentro.

El junio del 2027, además de la renovación de la Cámara de Diputados, en las 32 entidades habrá elecciones, ya sea de Gobernadores, Alcaldes o Congresos.

A partir de noviembre, tanto el INE como los OPLES arrancarán procesos de licitación y contrataciones millonarias.

Frente a las exigencias que le ordenaron explicar y las críticas, Pérez de Acha optó echar abajo el proyecto, y establecer que la UTSI asesorara a los OPLES que lo necesiten.

Sin embargo, argumentó que la adopción de prácticas en materia de ciberseguridad y ciberresiliencia, puede contribuir al fortalecimiento de la protección de la infraestructura y los servicios tecnológicos asociados al Programa, así como a la reducción de riesgos que pudieran afectar su operación durante las distintas etapas del proceso electoral.

Por ello, insiste, la Unidad ofrece un acompañamiento y orientación técnica en materia de seguridad informática.

También canceló el proyecto denominado RENASE en la que se propondría a los OPLES que el INE se haría cargo de sus sistemas tecnológicos, con las empresas que ellos definirán, y se le cobraría el servicio al instituto estatal.

Por ejemplo, el PREP le costaría a cada estado alrededor de 10 millones 197 mil pesos; un sistema para los capacitadores y supervisores electorales 8 millones 643 mil pesos; y el sistema para el voto de mexicanos en el extranjero 5 millones 481.