Bogotá, Colombia — Un juez de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) de México, identificado como Luis Benítez Alcántara, fue arrestado en Colombia a petición del gobierno de Estados Unidos, acusado de haber aceptado un soborno de 2 millones de dólares (aproximadamente 40 millones de pesos) a cambio de ordenar la liberación de un presunto narcotraficante canadiense.

La detención fue efectuada el domingo 1 de noviembre por agentes de la Policía Nacional de Colombia, en cumplimiento de un mandato de captura e inminente extradición girado por una corte federal en Los Ángeles, California.

Benítez Alcántara es vinculado por el Departamento de Justicia estadounidense con la estructura criminal encabezada por el exdeportista olímpico canadiense Ryan James Wedding, catalogado por el FBI como uno de los principales traficantes de cocaína en Norteamérica en alianza con cárteles mexicanos.

El soborno por la libertad de Andrew Clark

De acuerdo con la acusación formal aprobada por un gran jurado en California, el juzgador mexicano negoció y recibió 2 millones de dólares para otorgar la libertad a Andrew Clark, segundo al mando de la organización de Wedding, quien había sido detenido por la Secretaría de Marina en Zapopan, Jalisco, en octubre de 2024.

” “Cerca del 24 de febrero de 2025, el mismo día que recibió el pago completo de 2 millones de dólares en sobornos, el acusado Benítez concedió una fianza a Clark y ordenó que fuera liberado”, sostiene el expediente presentado por la fiscalía estadounidense.

Pese a la resolución del juzgador, autoridades federales mexicanas concretaron la extradición de Clark a territorio estadounidense días después, impidiendo su puesta en libertad.

Por estos hechos, el juez enfrenta nueve cargos criminales que incluyen tráfico de metanfetaminas y cocaína, delincuencia organizada y homicidio vinculado al comercio de drogas, delitos por los que podría alcanzar una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

De fallos de alto impacto a la persecución internacional

Hasta antes de su imputación en el extranjero, Benítez Alcántara mantenía un perfil activo dentro del ámbito judicial mexicano. En su declaración patrimonial de 2026, el funcionario reportó ingresos anuales netos por 2 millones 642 mil 288 pesos entre sueldo, bonos y prestaciones, además de poseer un inmueble tipo penthouse valorado en 2.3 millones de pesos y seis vehículos. Incluso, en 2026 participó como ponente en el Foro Judicial dictando ponencias sobre la incorporación de pruebas en juicios penales.

Entre sus resoluciones de mayor perfil mediático en México destaca la absolución de Juan Carlos García Rivera, único procesado en el caso del software espía Pegasus contra periodistas y activistas, tras considerar que la FGR no aportó elementos suficientes de prueba. Asimismo, en 2023 ordenó investigar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por presunta falsedad en declaraciones.

El gobierno colombiano procesa actualmente el expediente administrativo para determinar los tiempos de entrega de Benítez Alcántara a los alguaciles estadounidenses.