Teherán.- Las autoridades de Irán ejecutaron este domingo 8 de noviembre a tres hombres acusados de colaborar con Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales de enero de 2026, informó el poder judicial iraní.

Los ejecutados fueron identificados como Hassan Divband, Hamid Kazemi y Reza Zanganeh, quienes habían sido condenados a muerte por su presunta participación en operaciones contra la seguridad nacional.

De acuerdo con la agencia Mizan Online, vinculada al poder judicial iraní, las sentencias fueron ejecutadas después de recibir la confirmación de la Corte Suprema.

Las autoridades acusaron a los tres hombres de realizar actividades en nombre de Israel, Estados Unidos y grupos considerados hostiles por el gobierno iraní durante las manifestaciones del 8 y 9 de enero en la ciudad de Karaj, al oeste de Teherán.

Según la versión judicial, los condenados participaron en ataques contra instalaciones públicas mediante el uso de cócteles molotov, granadas, armas blancas y armas de fuego.

El expediente también incluye acusaciones por incendios y daños a infraestructura eléctrica que habrían provocado interrupciones del suministro en algunas zonas de Karaj.

Sin embargo, las acusaciones corresponden a la versión de las autoridades iraníes y no se han presentado públicamente pruebas que permitan verificar de manera independiente la presunta colaboración de los ejecutados con gobiernos extranjeros.

En el mismo proceso, otras ocho personas recibieron penas de prisión de entre cinco y diez años, mientras que las autoridades ordenaron la confiscación de bienes de los tres hombres ejecutados.

ONG contabiliza al menos 39 ejecuciones relacionadas con protestas en Irán

La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, informó que las tres ejecuciones elevan a por lo menos 39 el número de personas ejecutadas por casos relacionados con las protestas de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Según la organización, estas condenas se han llevado a cabo desde el 19 de marzo y representan un promedio superior a una ejecución por semana.

IHR cuestionó las garantías judiciales de los procesos y advirtió que cientos de personas más, entre manifestantes y detenidos por casos relacionados con el conflicto regional, podrían enfrentar la pena de muerte.

Las protestas comenzaron en diciembre de 2025 como respuesta al aumento del costo de la vida y al deterioro de las condiciones económicas en Irán.

Posteriormente, las movilizaciones se extendieron a distintas regiones del país y se transformaron en manifestaciones contra el gobierno, con episodios de violencia particularmente intensos los días 8 y 9 de enero.

Las autoridades iraníes reconocieron más de 3,000 fallecidos durante los disturbios y atribuyeron parte de la violencia a presuntas operaciones impulsadas por Estados Unidos e Israel.

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos difundieron balances superiores al oficial y denunciaron que las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes.

Las diferencias entre los reportes oficiales y los de las organizaciones independientes dificultan establecer el número total de víctimas y las circunstancias de las muertes.

Las ejecuciones también se producen en un contexto de tensión regional tras el inicio, a finales de febrero, de la guerra desencadenada por ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Desde entonces, organizaciones internacionales han denunciado un incremento de las condenas a muerte relacionadas tanto con las protestas como con acusaciones de colaboración con gobiernos extranjeros.

Mientras las autoridades iraníes sostienen que los procesos corresponden a delitos contra la seguridad nacional, las organizaciones de derechos humanos mantienen sus advertencias sobre el uso de la pena capital contra personas vinculadas con las manifestaciones antigubernamentales.