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Doce familias indígenas tsotsiles en Chiapas son obligadas a huir tras amenazas

  Por EFE

Publicado el martes, 17 de noviembre del 2026 a las 08:50


En Chiapas, más de 267 indígenas desplazados desde 2024 aún esperan ser reubicados ante la falta de garantías para regresar

Chiapas.- Doce familias indígenas tsotsiles abandonaron este lunes sus viviendas en el municipio de Chenalhó, en Chiapas, ante las amenazas de hombres armados y el temor de ser asesinadas, según denunciaron las personas desplazadas.

Las familias, originarias de la comunidad de Tzanebolom, permanecen refugiadas en el salón de usos múltiples de la sede municipal.

Entre ellas hay mujeres, niños y adolescentes que salieron con lo indispensable y duermen en bancas y en el suelo mientras esperan condiciones de seguridad para regresar.

Este desplazamiento se suma al de más de 267 personas que, según los testimonios recabados, abandonaron la comunidad desde 2024 y aún esperan una reubicación porque consideran que no existen garantías para retornar.

Las familias señalaron que, pese a la instalación de una mesa de seguridad del Gobierno de Chiapas en la comunidad el pasado 22 de octubre, las persecuciones y amenazas contra quienes se niegan a colaborar con los hombres armados y presuntamente vinculados con el Cartel Jalisco Nueva Generación se intensificaron.

Entre las desplazadas está Catarina Gutiérrez, madre de nueve hijos de entre uno y 21 años, quien relató que abandonó su vivienda después de que hombres armados comenzaran a vigilarla y acosarla desde un punto situado a unos 20 metros de su domicilio.

La mujer atribuyó las amenazas a la denuncia que presentó ante la Fiscalía de Justicia Indígena por el asesinato de su esposo, Bartolomé Pérez Gómez, ocurrido el pasado 10 de noviembre, cuando caminaba por una vereda de sus cafetales.

Ante el temor de sufrir una agresión, huyó de la comunidad junto con sus hijos y otras mujeres que rechazan las acciones de las autoridades comunitarias, a quienes señalan de actuar en complicidad con los grupos criminales.

Agustín Garrías Pérez, otro de los afectados, relató que regresó de Estados Unidos en mayo pasado, pero no ha podido retomar su vida en la comunidad junto a su familia.

Denunció que, mientras trabajaba en ese país, integrantes del grupo exigían pagos mensuales de más de 15 mil pesos para comprar municiones.

Tras negarse a entregar el dinero y comenzar a buscar justicia por el asesinato de su hermano, Eluterio Arias Pérez, temió por su vida y la de su esposa e hijos.

Relató que ingresó de madrugada a la comunidad para sacar a su esposa, quien estaba enferma, pero escuchó por radios de comunicación que hombres armados se preparaban para matarlo.

Garrías Pérez afirmó que las familias han acudido a distintas instancias del Gobierno estatal para solicitar garantías de retorno.

Recordó que el 28 de octubre participó en una reunión en la que les ofrecieron avanzar en las condiciones para volver a sus hogares, aunque, según dijo, hasta ahora no hay resultados.

También recordó el asesinato, el pasado 28 de octubre, del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez, quien acompañaba sus exigencias de justicia y retorno.

EFE consultó la postura del presidente municipal de Chenalhó, sin obtener respuesta, mientras que el secretario municipal dijo desconocer la situación de las familias y señaló que únicamente sabía que habían pasado la noche en el salón de usos múltiples.

En este contexto, las familias solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para frenar la violencia, investigar los asesinatos y garantizar un retorno seguro a su comunidad.

 

 

 

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