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Grupo Zócalo
Publicado el martes, 17 de noviembre del 2026 a las 00:23
Ciudad de México. José Alberto Pérez de Acha, quien encabezó la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral (INE) y es hermano del concuño del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, avaló un dictamen técnico en un contrato ligado a la red de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei.
Según reportes, la consejera presidenta lo nombró en enero de 2025. El vínculo con el gobernador es político y familiar: Pérez de Acha es hermano del abogado Luis Manuel Pérez de Acha, casado con Gisela Chávez Murillo, hermana de Rocío Chávez Murillo, esposa de Durazo.
El dictamen que avaló corresponde a un contrato de instalación de cámaras y torniquetes, entregado por adjudicación directa y hoy bajo revisión. Las dos empresas proveedoras de materiales electorales mencionadas en el caso están vinculadas con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, cercano a Taddei. No se ha precisado el monto de ese contrato.
Pérez de Acha apareció en fotografías de comidas con Taddei y Hernández Casillas. Reconoció haber comido con el proveedor fuera del instituto, pero dijo no tener “relación comercial” con él. Renunció el 27 de octubre, un día después de la salida de Taddei del INE. Una fuente citada por Excélsior aseguró que colaboró con otros funcionarios en la colocación de contratos, versión que no ha sido confirmada de manera oficial.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Taddei, otro de sus familiares, ocho exfuncionarios del INE, entre ellos Pérez de Acha, y una red de empresarios que obtuvo contratos por más de 2 mil 500 millones de pesos.
El 11 de noviembre, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta, renunció como secretario particular de Durazo. El gobernador niega que exista un “clan Taddei”, aunque ha admitido que impulsó nombramientos de integrantes de esa familia. Dijo que, de existir ese clan, sería “autor intelectual involuntario”.
Hasta ahora, la cobertura revisada no confirma que las imprentas del círculo de Hernández Casillas tuvieran contratos directos con el gobierno de Sonora.
Con información de Latinus.
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