México.- Senadores del PRI, PAN y PRD propusieron imponer de uno a cinco años de prisión a los concesionarios de telefonía móvil que se nieguen en a colaborar con las autoridades para localizar los teléfonos celulares robados.

La iniciativa pretende inhibir el robo de celulares y su uso delictivo, debido a que el llamado Renaut, no ha sido eficaz para evitar y perseguir el secuestro y la extorsión.

“Dichos delitos van en aumento y es común el uso de teléfonos móviles para cometerlos”, señala el documento.

La propuesta fue presentada por los senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) Tomás Torres; del Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Castro, y de Acción Nacional (PAN), Alejandro González Alcocer.

Los legisladores indicaron que antes de la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) se registraban casi cuatro mil 400 llamadas de extorsión al día, y que en 2010 la cifra llegó a seis mil 400, es decir 40 por ciento más.

Por ello, se plantea que los concesionarios tengan la obligación, a petición de la autoridad, de realizar el bloqueo inmediato de los equipos de comunicación que hayan sido reportados por los clientes o usuarios como robados o extraviados.

La idea, señalaron, es inhabilitar las líneas y el código de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI por sus siglas en inglés), para que los aparatos no puedan ser usados inclusos si se les cambia el chip o la llamada tarjeta SIM.

Además, todos los teléfonos móviles deberán contar con tecnología para su localización geográfica en tiempo real, así como con dispositivos de emergencia o “botones de pánico” para que los usuarios puedan enviar señales de auxilio de ser necesario.

Las reformas también pretenden combatir las llamadas de extorsión realizadas mediante celulares o equipos de radio comunicación desde los reclusorios federales y estatales.

Así, todos los centros penitenciarios deberán contar, por ley, con equipos para bloquear o anular las señales de telefonía móvil o radiocomunicación dentro del perímetro del establecimiento.

También se obliga a los concesionarios a informar a las autoridades de cualquier variación o interrupción en la funcionalidad y operatividad de los equipos utilizados para inhibir o bloquear las comunicaciones en dichos centros.

Dichos equipos serán operados por personal ajeno a los establecimientos penitenciarios desde centros remotos, y serán monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la colaboración de los concesionarios de telecomunicaciones.

De a acuerdo a las reformas turnadas a comisiones, si algún concesionario o permisionario se rehúsa a colaborar con la autoridad, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de mil a diez mil días multa.