Nuevo México, EU.- Un juez federal negó el martes la fianza al alcalde, el regidor y el jefe de la policía de un pequeño poblado fronterizo en Nuevo México, quienes enfrentan cargos por traficar armas.

El juez negó su solicitud argumentando que la evidencia era “bastante incriminatoria”.

Los fiscales informaron que el alcalde de Columbus, Eddie Espinoza, y el regidor Blas Gutiérrez compraron docenas de armas que después aparecieron en un operativo en contra del crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, una violenta ciudad fronteriza ubicado al norte de México.

Angelo Vega, jefe de la policía de Columbus, fue acusado de asociación delictuosa para traficar armas.

Otras nueve personas fueron arraigadas el martes en la Corte Federal de Distrito en Las Cruces a cargo del juez William Lynch. Dos mujeres, las únicas del grupo, fueron liberadas tras pagar 10.000 dólares cada una.

Otro acusado aplazó su audiencia de detención.

Los involucrados fueron arrestados el 10 de marzo durante el operativo “Rápido y Furioso” realizado en el Departamento de Policía, una tienda de armas y ocho casas en el poblado que está a 70 (112 kilómetros) millas al oeste de El Paso, Texas.

Espinoza, Gutiérrez y Vega se asociaron para comprar armas a otro acusado, Ian Garland, para traficarlas por la frontera con México con el fin de que fuesen empleadas por los carteles de las drogas. Algunas de las más de 200 armas de fuego que compraron a lo largo de 14 meses aparecieron en el operativo de Ciudad Juárez.

“Esto demuestra que compraban las armas a nombre del crimen organizado”, dijo el fiscal Nathan Lichvarcik. “Compraron las armas por montones y las vendieron por montones”.

Los abogados defensores insisten que la fiscalía debe demostrar que el acusado traficó las armas a México.

“Mi cliente compró legalmente las armas. Ni siquiera el gobierno puede decir cómo llegaron a México”, dijo el abogado de Gutiérrez Charles McElhinney.

Gutiérrez, de 30 años, enfrenta 37 cargos de asociación delictuosa así como tráfico de armas y fungir como “prestanombres” para la compra de armas. Según comunicaciones telefónicas intervenidas, mencionadas por la fiscalía, Gutiérrez solía recibir llamadas telefónicas de un preso en México que le indicaba que comprara las armas.

Espinoza, de 51 años, solicitó su liberación por cuestiones humanitarias ya que le deben realizar diálisis tres veces a la semana, pero el juez negó la petición.

Vega, de 40 años, fue retirado de su jefatura en la policía tras el arresto de tres oficiales.