México DF.- La creciente violencia en los estados del norte del país ha golpeado a la arqueología. Las sierras de Chihuahua y Sinaloa, el norte de Tamaulipas y la franja fronteriza de Baja California son zonas donde la investigación se ha detenido por la presencia de narcotraficantes y grupos armados.

En Cerro Pinto, un asentamiento bajacaliforniano de 8 mil años de antigüedad, formado por gatas, el arqueólogo Antonio Porcayo se topó a un grupo de polleros con su carga de migrantes, y desde entonces no ha vuelto a pisar el lugar.

“Eran varias camionetas, y cuando vimos que nos abrían una salida, no la pensamos, agarramos y nos fuimos. Lo triste es que no podemos regresar porque es un sitio de riesgo, y así está todo el desierto”, afirma Porcayo, quien desde 2008, debido a la inseguridad, no hace trabajo de investigación en la frontera con Estados Unidos.

A la Sierra de Tacuichamona, y a municipios como Choix, Badiraguato y Mocorito, en Sinaloa, ningún arqueólogo se atreve a entrar, aunque abundan los grabados rupestres, señala Joel Santos Ramírez, director del proyecto Las Labradas.

Y en los municipios tamaulipecos de Burgos, Méndez y San Fernando, al norte del estado, indica el arqueólogo Gustavo Ramírez Castilla, la presencia de grupos armados ha impedido responder a reportes de hallazgos y afectación al patrimonio.

En los Centros INAH de los estados del norte de México se acuerda internamente qué zonas evitar. Pero no siempre es posible.

“Hasta la violencia es elitista”, lamenta Eduardo Gamboa Carrera, director del proyecto arqueológico de Paquimé, en Chihuahua. Porque son los pasantes de arqueología quienes son enviados a atender denuncias en lugares de riesgo.

“Las vacas sagradas, los encumbrados, se quedan en la capital”, aseguró Gamboa, encargado de esta zona que fue declarada partimonio de la humanidad por la Unesco en 1998.

“Es importante mantener un bajo perfil, que nadie sepa de dónde vienes ni a dónde vas”, señala un arqueólogo de Chihuahua que pide no ser citado. “Y no debe salir información de los centros de trabajo, nada de referencias personales, porque aquí todo el mundo está en la mira”.

Por su parte, Ramírez Castilla precisó que en Tamaulipas, al salir en una comisión, dejan los vehículos pick up, toman el autobús y descartan pedir protección a la Policía o el Ejército.

En la zona de Paquimé, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Gamboa Carrera no recuerda que los narcos hayan matado nunca a un turista, pero en las épocas en que repuntan las ejecuciones nadie se acerca al lugar. “Hay periodos muy largos de
ausencia de visitantes”.

El Programa de Empleo Temporal (PET), con recursos de Sedesol y el INAH, funciona como una medida de protección para los arqueólogos,
reconoce Santos Ramírez.

“Elimina la amenaza porque la gente nos identifica, lo mismo que a nuestros vehículos. Nos perciben como personas que brindan un beneficio a la población”.

Hay trabajadores que, según la temporada, empujan la pala o el cuerno de chivo. Y varios han aparecido ejecutados. El arqueólogo de Chihuahua lo plantea así: “Los pobladores a veces trabajan conmigo. Y algunas veces con otros”.