Tijuana, BCN.- Luciana Valdez Noriega decidió romper el silencio para ayudar a su padre, Luis Arturo Valdez Otáñez, a volver al hogar seis meses después de que fue levantado por un comando.

Resuelta a conocer el paradero de su progenitor, la joven de 22 años pidió ayuda a la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas y la Impunidad, pues las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Baja California advirtieron a sus familiares, “mejor ni le muevan” porque es un asunto muy delicado, reveló.

El caso de Valdez Otáñez se agregó a la lista de casos documentados de niños, niñas, mujeres y hombres, que han sido privados de la libertad por comandos armados que operan con toda impunidad, explicó Fernando Ocegueda Flores, representante de la Asociación en Tijuana.

Luciana se practicó este lunes una prueba de ADN junto con otros 20 familiares de personas desaparecidas. La información se guardará en un banco de datos que serán cotejados con los cuerpos no identificados que se localicen.

Fue un compromiso del recién nombrado fiscal antisecuestros de Baja California, Héctor Grijalva Tapia, quien junto con su equipo ya analiza cada uno de los 402 expedientes de personas secuestradas, la mayoría entre 2007 y lo que va de 2008, explicó Ocegueda Flores.

El activista, cuyo hijo fue levantado por un comando de hombres armados en su propio hogar, advirtió que mientras inician los trabajos de la fiscalía especial, siguen incrementándose los reportes de personas privadas de la libertad en la entidad.