México.- El director del Corporativo Jurídico Sanitario, Jesús Alberto Guerrero Rojas, alertó a los médicos y trabajadores de la salud sobre seguros “piratas” que ofrecen para darles una cobertura total ante una demanda de pacientes inconformes.

En entrevista con Notimex, el maestro en Ciencias Penales de la Universidad Tecnológica de México advirtió que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) también ha detectado que hay pacientes que hacen de la demanda su “modus vivendi”.

El abogado especialista en Derecho Sanitario abundó que el médico que haya sido víctima de alguna de esas situaciones puede demandar a la aseguradora ante la Procuraduría General de la República (PGR).

De igual forma puede hacerlo por extorsión a quien haya demandado a él o varios doctores por hacer de esta práctica su modo de ganarse la vida.

“Hay gente que tiene esta práctica y demanda a varios médicos y se vuelve su modus vivendi, y a ese paciente se le puede demandar por el Código Civil por daño moral”, explicó.

“También pueden demandar por el esquema de extorsión, pues se dan casos en que el paciente le plantea con su abogado que si no le paga, lo va a demandar. Ese delito es extorsión y es de tipo penal”, abundó.

Guerrero Rojas informó que la Conamed detectó a nueve personas que reiteraban sus demandas y que observaban que aunque la denuncia era por diferentes galenos, el demandante era el mismo.

En el caso de los seguros falsos, indicó que hay una investigación de ocho compañías o personas morales privadas que, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ofrecen una operación activa de seguros a los médicos para cubrirlos durante los procedimientos de demanda que pueden durar de cinco a 12 años.

Precisó que ya se hizo una denuncia ante la Procuraduría general de la república (PGR) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

“Estamos colaborando para aportar elementos para evitar este delito, pero sobre todo lo que afecta a quienes los contratan. Lo que hacen es un trato de letargo, cansar al médico para que éste desista y entonces no se le pague”, expuso el especialista.

El abogado recordó que con las aseguradoras, tienen la certeza que tienen un capital depositado en el Estado por si no pagan o por si el dinero de la aseguradora estuviera en riesgo, lo que garantiza la defensa del médico que los contrata.

Refirió que el mercado está inundado de seguros “piratas”, porque el médico no sabe que es una compañía autorizada, y el problema es tan grave como que 75 por ciento de las protecciones que se ofrecen en el mercado son “seguros piratas”.

“Una operación activa de seguros es aquella que una persona privada asume un riesgo ajeno por una cantidad en caso de que se enferme, muere, tenga un accidente o siniestro”, señaló.

Ofrecer una operación activa de seguros sin autorización es muy lamentable, pues puede llevar 11 años en prisión, tanto al que lo vende como el que lo recomienda.

Además el médico puede tener más problemas con estos seguros falsos, pues está en grave riesgo legal de perder el proceso, más dinero y tiempo.

Por ello antes de comprar un seguro, los médicos o cualquier persona deben consultar la página www.comisionnacionaldesegurosyfianzas, donde vienen las compañías autorizadas para vender responsabilidad profesional derivadas de actos médicos, así como comparar sus condiciones.

De acuerdo con la ley no se puede gastar más de 50 por ciento en gastos de soluciones, y a la mayoría de los abogados no les interesa resolver rápido porque tienen ahí una alcancía de un millón de pesos, por lo menos.

Es por ello que litigios de ese tipo son tan tardados, debido a la influencia de los propios abogados, pues tener ahí el seguro les ofrece la posibilidad de agotar ese recurso, mientras que en la Conamed se le daría una respuesta más rápida y segura.

Detalló que los médicos del sector salud público son asegurados por los institutos Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como por la Secretaría de Salud (SSA); una parte la pagan los propios doctores, otra la dependencia y el sindicato la otra.

Guerrero Rojas refirió que los pacientes que demandan están mal aconsejados por abogados inexpertos, incluso los que se dedican a la extorsión, pues se imaginan resultados como en el sistema de justicia de Estados Unidos cuando en México es otra la situación.

Para que en nuestro país prospere una demanda contra un médico tiene que ser por negligencia médica o impericia, es decir, que el médico no tenga la experiencia que presume, por falta u omisión de un deber de cuidado; también se tiene que considerar con las carencias con las que trabajan en los hospitales, según lo marca el Código Civil.

Señaló que la vía para demandar a un médico del sector público es con base en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque el hospital es solidariamente responsable de lo que haga el médico.

Según un estudio en la Conamed, precisó, el índice de siniestralidad en los que hay elementos de negligencia y pericia que es 20 por ciento.

De esa cifra, en 70 por ciento de los casos se habla de una responsabilidad institucional que no contaba con los elementos para la atención médica y personal suficiente.

El abogado explicó que sí son necesarios los seguros para enfrentar los gastos, ya que en un juicio por la vía penal se gasta entre 300 mil y 400 mil pesos, mientras que por la vía civil es mucho más caro, el gasto es de unos 600 mil pesos, con una buena defensa; en cambio lo que gana el que demanda es muy poco.

Por ello deberían ponerse en práctica protocolos que le explicaran lo que pasó en los hospitales y que antes de llevar el caso a un tribunal se haga un análisis previo, consideró el especialista en Derecho Sanitario.

“Se tiene la influencia estadunidense y de que se ven casos en la TV donde la gente demanda y obtiene sumas millonarias. Eso no sucede en México, nuestro sistema no es así. Venimos del Derecho Romano y aquí dice cuánto cuesta un dedo, un ojo, un brazo y una mano, por daño directo”, explicó.

Jesús Alberto Guerrero Rojas citó que en el Código Civil se estipula que se utilice el tabulador que marca la Ley General del Trabajo, en la que por ejemplo por un dedo puedan dar 15 mil pesos o por un ser humano, con gastos funerarios, se ronda entre 40 mil y 150 mil pesos.