Morelia, Michoacán.- El sonido de las balas irrumpió en la localidad Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo, el 30 de agosto último. A Jesús Chuchito Nini la vida se le escapó por la carne herida cuando, en la refriega, fue alcanzado por los disparos. El operativo de las fuerzas de seguridad federales y estatales para capturar a su tío, Enrique Barragán Chávez, El R5, uno de los cabecillas del cártel de Los Reyes, cobró la vida de ambos.

A sus 15 años, Chuchito Nini ya fungía como lugarteniente y jefe de escoltas del R5. Su caso es uno más en la participación de niñas, niños y adolescentes dentro de los grupos del crimen organizado en Michoacán, y es evidencia de cómo el reclutamiento forzado de menores ha prevalecido durante las dos últimas décadas en el estado.

Para 2025, la Secretaría de Gobernación, en su Informe Anual del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, consignó mil 746 hombres y mil 748 mujeres menores de edad como víctimas de este fenómeno en Michoacán, con Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona como municipios de alta incidencia.

Frente al caso de Chuchito Nini, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que en Michoacán “existen casos” de reclutamiento forzado, aunque buscó minimizarlos al señalar que algunos menores se incorporan voluntariamente a los grupos delictivos.

Julio César Franco Gutiérrez, del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), recuerda que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es forzado, “porque recordemos que no existe consentimiento aceptable en el caso de menores de edad para su participación con grupos delictivos”.

En este rango poblacional el crimen organizado ha encontrado “una cantera muy útil para sus intereses”, refiere Franco, esto debido en parte a las reformas implementadas en 2008 al sistema penal, que dieron pie a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en 2012, y posteriormente, en 2016, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El activista lamenta: “Si bien se establece una serie de principios garantistas hacia este sector poblacional que en teoría son muy buenos, en la práctica la delincuencia ha echado mano de ellos”. Subraya que esto demuestra la sofisticación del crimen organizado para analizar los marcos legales y hacer uso, a su conveniencia, de los mismos.