Ginebra.- La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, demandó hoy al gobierno de Siria medidas urgentes para poner alto a la violencia y acceso inmediato al país.

“A la luz de que el gobierno de Siria ha sido incapaz de proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes y efectivas para proteger al pueblo sirio”, llamó Pillay al intervenir en la sesión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en el país.

Pillay subrayó que hasta el momento han muerto al menos cuatro mil personas, 14 mil están detenidas a consecuencia de su participación en protestas contra el régimen de Bashar al Assad y más de 12 mil que han logrado escapar a la violencia se han refugiado en países vecinos.

“Si no se le pone coto a la violencia en Siria de manera urgente será inminente una guerra civil en el país, lo que causará mayor sufrimiento en la población”, advirtió Pillay en la tercera sesión especial que lleva a cabo el Consejo en este año por la grave situación de derechos humanos en el país.

“Todos los actos de homicidios, tortura y otras formas de violencia deben detenerse de inmediato”, agregó.

“Mi oficina, organismos humanitarios, la Liga de Estados Arabes, deben tener acceso al país, incluidos los centros de detención”, insistió.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Investigación sobre la situación en Siria, Paulo Pinheiro, presentó su informe al Consejo en el que acusa a las fuerzas del gobierno de cometer crímenes de guerra sistemáticos y generalizados como homicidio, tortura, desapariciones forzadas, detención arbitraria, violencia sexual y asesinato de niños.

Señaló que de acuerdo a fuentes fidedignas se han asesinado a 307 niños, entre ellos 45 niñas, siendo noviembre el mes más cruento con 56 asesinatos brutales a niños, muchos de ellos sometidos a tortura.

Finalmente la Alta Comisionada reiteró su llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para referir el caso a la Corte Penal Internacional para que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad sean llevados ante la justicia.