Miami, EU.- El expresidente de México, Ernesto Zedillo, reclamó hoy inmunidad legal a una corte estadunidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal en 1997.

En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de expresidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en dicha comunidad del sudoriental estado mexicano de Chiapas.

Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.

El exmandatario mexicano fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños.

Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano de “El Plan de Campaña Chiapas 94”, una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994.

La demanda fue interpuesta por el despacho “Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess”, con sede en Miami (Florida) a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.

Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo a Notimex que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.

“No es apropiado solicitar inmunidad”, insistió el abogado al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.

Kobert rechazó hacer más comentarios por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del expresidente responden a la demanda.

El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del exgobernante mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.

En la demanda se acusa al expresidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general mexicano Jorge Madrazo Cuéllar para ocultar el papel desplegado por el ejecutivo federal antes y después de la masacre.

De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.

En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel.

Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.

Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia en el año 2000.

La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México permitió a sobrevivientes y familiares de las víctimas, conocer tales hechos al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.

Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros el buscar justicia en Estados Unidos en contra de exfuncionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.

La ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.