Chilpancingo, Gro.- Al menos 22 policías federales, un ministerial y uno estatal dispararon sus armas durante el desalojo del 12 de diciembre del año pasado en Chilpancingo, cuando murieron dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, concluyó la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con un dictamen elaborado por la PGR, al que “Proceso” tuvo acceso, 22 armas que portaban los agentes federales “fueron accionadas” durante el operativo.

En contraste, el informe realizado por la Coordinación de Servicios Periciales de la dependencia federal también refiere que sólo dos armas –una de la Policía Ministerial (PM) y otra de la Policía Preventiva Estatal (PPE)– dieron positivo la Prueba de Griess, enfocada en “detectar sustancias químicas que se producen durante la deflagración de un arma de fuego”.

En ese sentido, la dirección de Laboratorio de Química de la PGR realizó la Prueba de Griess en 68 armas que portaban policías federales y estatales durante el desalojo violento donde fueron asesinados los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Del total de armas, 60 son de la Policía Federal; cinco de la PM y tres de policías estatales, se indica en el expediente que se abrió por el caso Ayotzinapa bajo el número, PGR/GRO/CHI/CASO/378/2011.
 
De las armas analizadas por la PGR, se comprobó que 24 fueron accionadas durante los hechos violentos, de las cuales 22 pertenecen a la Policía Federal, una a la PM y otra a la policía estatal que formaba parte de los tres escoltas del exsubsecretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Arreola Ibaría.
 
A más de un mes del asesinato de los normalistas, hasta ahora sólo dos agentes ministeriales permanecen arraigados en esta capital, señalados por la Procuraduría local como los presuntos responsables del doble crimen, pese a que el exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas, ha insistido en que los agentes federales son los responsables del doble homicidio, los cuales, ha dicho, están siendo protegidos por la PGR.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe preliminar emitido el pasado lunes 9, determinó que en el desalojo violento participaron 165 policías de los tres niveles de gobierno: 61 eran policías federales; 73, ministeriales; 19 estatales, y 12 preventivos municipales de Chilpancingo, de los cuales por lo menos 67 uniformados portaban armas de fuego.
 
Al respecto, el organismo afirmó que todos los policías que participaron en el desalojo “emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego (…) sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines”, y quedó demostrado que ninguno de los manifestantes portaba armas de fuego.

Se reserva PF informar

Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal (PF), se reservó el derecho a declarar durante la comparecencia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la actuación de la corporación durante el desalojo del pasado 12 de diciembre de normalistas de Ayotzinapa que dejó tres muertos.

Rosas expuso ante el Ombdusman nacional, Raúl Plascencia, que en cinco días máximo entregará por escrito la información solicitada y las pruebas que lo sustenten.

“Se reservó para que en cinco días hábiles dé a conocer la respuesta a cada pregunta y a acompañarla de documentos para sustentarla”, dijo Plascencia en conferencia de prensa posterior a la comparecencia.

Ésta es al menos la segunda ocasión que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) retrasa sus informes a la CNDH en el caso de Ayotzinapa.

El comisionado fue cuestionado sobre la cadena de mando, quién ordenó que agentes armados acudieran al enfrentamiento; quién ordenó disparar; cuáles fueron las acciones que realizaron cada uno de los policías federales que acudieron y cuáles son las investigaciones internas que se abrieron para conocer a los responsables de violaciones a derechos humanos, entre otras cosas.

En la conferencia, el Ombudsman estuvo acompañado por los visitadores Luis García y Marat Paredes.

Los de Ayotzinapa, los más caros

La titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), Silvia Romero Suárez, aseguró que el Gobierno federal gasta en un estudiante de Ayotzinapa cuatro veces más que en cualquier normalista del país, por la modalidad de internado bajo la que se rige desde su fundación, en 1926.

En Chilpancingo, la titular de la SEG comentó que desde su surgimiento, Ayotzinapa funciona bajo el régimen de internado para el sexo masculino con presupuesto del gobierno federal.

Silvia Romero reconoció que en más de 70 años, la infraestructura de Ayotzinapa no ha recibido el mantenimiento correspondiente.

Admitió que el recurso, enviado por la Federación y respaldado por el Gobierno estatal, va canalizado fundamentalmente a las raciones alimenticias, que hasta la administración anterior era de 29 pesos diarios, pero que ahora subió a 50.

Estudiantes de las ocho escuelas normales de la entidad radicalizaron sus acciones de presión y, además de mantener el plantón permanente fuera de Palacio de Gobierno, realizan bloqueos intermitentes en avenidas importantes.