México.- Los casinos y centros de apuestas tendrán también la obligación de informar a la Secretaría de Hacienda cualquier operación superior a 40 mil pesos, así como identificar aquellas que rebasen los 20 mil pesos y resguardar la base de datos para entregarla a la Secretaría de Hacienda en caso de requerimiento.

Según confirmaron los respectivos presidentes de las comisiones de Justicia y de Hacienda, Humberto Benítez y Mario Alberto Becerra, en los próximos 15 días se convocará a una reunión conjunta de ambas instancias para dictaminar la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por separado, el vicecoordinador perredista José Luis Jaime Correa instó a las bancadas mayoritarias de PRI y PAN a descongelar la llamada ley contra el lavado de dinero y aprobarla en el actual periodo de sesiones.

Subrayó la urgencia de que el nuevo contexto legal cobre vigencia en vísperas de las elecciones presidenciales, para evitar la infiltración de recursos de procedencia ilícita en las campañas proselitistas.

“Ya hay avances y consensos en esta nueva ley y sólo esperamos que la Comisión de Hacienda, que preside el panista Mario Alberto Becerra, descongele el predictamen que fue avalado en la Comisión de Justicia”, confirmó.

El priista Humberto Benítez indicó que el predictamen elaborado por los diputados Óscar Martín Arce y Arturo Zamora se encuentra prácticamente listo.

“Es uno de los grandes temas que tenemos y la opacidad en el combate a esta práctica criminal abre una gama de posibilidades a la delincuencia organizada. Tenemos la convicción de sacar esta ley porque es uno de los instrumentos modernos, que sí tienen otros países”, puntualizó.

En su turno, el panista Becerra señaló que los diputados trabajan todavía en la conciliación de las diferencias entre el dictamen de la Comisión de Justicia y el predictamen de la Comisión de Hacienda, pero estimó que este mismo mes podría ser aprobado el proyecto.

“Estamos consensuando las diferencias entre el dictamen que tiene la Comisión de Justicia y el predictamen de Hacienda, lo estamos conjugando para tratar de encontrar avenencias y las diferencias tratar de lograrlas para bien y presentar un proyecto conjunto”, indicó.

Detalló, además, que la Comisión de Justicia hizo alrededor de 40 modificaciones al predictamen de la Comisión de Hacienda, aunque la mayoría son cambios formales en sanciones y delitos, que no tendrían mayor problema de consensuarse.

Fortalece a PGR

• El proyecto de Ley para la Prevención e Identicación de Operaciones de Procedencia Ilícita prevé mecanismos para detectar recursos de procedencia ilícita por el uso de aeronaves, vehículos, bodegas, casas y dinero en efectivo.

• Fortalece las facultades de la Procuraduría General de la República, al crear la Unidad Especializada en Análisis Financiero.

• Dicha instancia tendrá capacidad de análisis de información financiera y contable suministrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Primero en piratería en AL

••• México ocupa el cuarto lugar mundial en venta de piratería y el primero en América Latina, lo que genera pérdidas por 80 mil millones de pesos cada año a la economía nacional.

Así lo advirtió el diputado independiente Jaime Arturo Vázquez en su iniciativa de ley para fortalecer el combate a la falsificación de productos y subrayó que, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, las ganancias por la comercialización de piratería ascienden a un billón de pesos anuales.

De acuerdo con la Asociación de Protección de Cine y Música, indicó el legislador, nueve de cada diez películas en el mercado son de origen ilícito, mientras que siete de cada diez discos son copias ilegales, lo cual genera pérdidas anuales superiores a los 600 millones de pesos a la industria cinematográfica y musical.

La Asociación Mexicana de Internet estima a su vez que uno de cada cinco usuarios descarga de manera gratuita música grabada y videos musicales, subraya la iniciativa de ley.

El legislador subrayó por ello la necesidad de modificar la legislación vigente y ampliar la responsabilidad del Instituto Nacional de Derechos de Autor en la denuncia del contrabando y la piratería ante las instancias de procuración de justicia.