Tuxtla Gutiérrez.- La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ejercitó acción penal contra Luis Heberto Paulín Palma por los delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas, revelación de secretos y crimen organizado.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que el inculpado fue puesto a disposición del Juzgado Tercero del Ramo Penal, tras recabarse el cúmulo de pruebas que confirman su participación en la comisión de esos ilícitos.

Las autoridades trasladaron a Paulín Palma al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”, con sede en la ciudad de Cintalapa, desde donde se enfrentará al proceso en su contra.

Derivado de una operación de cateo que realizó la Fiscalía Especializada, el pasado 5 de febrero se logró el aseguramiento de equipo tecnológico para intervención, ubicado en un fraccionamiento de esta capital y operado por Paulín Palma.

Esas acciones, así como la detención del indiciado, fueron avaladas por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, al considerar que se realizó en estricto apego a Derecho.

La autoridad judicial federal confirmó lo divulgado por la fiscalía desde el domingo pasado, al documentar que “en el acta circunstanciada de cateo se advierte que únicamente fue detenido José Luis Paulín Palma”.

Asimismo, puntualizó que la actuación del Ministerio Público en la operación de cateo derivada de la orden obsequiada por el Juez Especializado en Medidas Cautelares en el estado, se llevó al cabo con estricto apego a la legalidad.

La policía incautó un contador de radio para encontrar todo tipo de frecuencia, transmisor radio, televisión y transmisor de micrófono, y un receptor que sirve para escuchar cualquier tipo de transmisión.

El equipo no es de uso doméstico ni usual en cualquier espacio, pues sólo es utilizado para actividades de espionaje, y se encontró en el domicilio propiedad de Miriam Salazar Mendiguchía y Paulín Palma, hermana y cuñado del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.

Los delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas y revelación de secretos son sancionados con penas de hasta ocho y 12 años de prisión, respectivamente, se indicó en el boletín de prensa.

El delito de delincuencia organizada es previsto por el artículo 376 y sancionado en la fracción I del Código Punitivo del Estado, por el cual el indiciado podría alcanzar una pena de cinco a 10 años de prisión.