Madrid.- Agentes de la Policía Nacional española desmantelaron un establecimiento de cabinas telefónicas y de envío de dinero desde el que se “lavaron” más de 13 millones de euros (más de 17 millones de dólares) del narcotráfico con destino a Colombia.

En la operación fueron detenidos los cuatro propietarios del establecimiento, ubicado en Madrid, quienes usurpaban la identidad de clientes legítimos que hubieran aportado su pasaporte o bien se valían de documentación falsificada.

Los investigadores analizaron documentación relativa a más de 20 mil envíos de dinero, de los cuales 12 mil fueron utilizados para el blanqueo.

El Ministerio español del Interior apuntó que las primeras pesquisas dieron comienzo a mediados del año pasado, sobre un locutorio del distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Una vez determinada la titularidad de los propietarios, los agentes realizaron una acuciosa labor de análisis de todos los datos relativos a envíos realizados en dicho locutorio.

De los más de 20 mil giros analizados, unos 12 mil presentaban características sospechosas comunes.

Entre ellas, que eran enviados a Colombia por remitentes de diferentes nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y no parecía existir relación familiar entre los remitentes y los beneficiarios de los envíos.

Confirmada la actividad de lavado, los investigadores localizaron al menos a 15 personas a las que se les había suplantado la identidad.

Se trataba de clientes legítimos del locutorio que para enviar dinero a sus países de origen habían presentado su pasaporte en el establecimiento.

Estos pasaportes eran usados por los detenidos como pantalla para justificar los giros.

En unas ocasiones modificaban los datos del pasaporte del cliente y, en otras, si no había agotado el tope de dinero permitido por persona al trimestre para enviar al extranjero, utilizaban sus datos verdaderos hasta alcanzar este límite.

Otra de las vías para dar una apariencia de legalidad al lavado de dinero era el uso de documentación falsificada que permitiera no llamar la atención sobre la cantidad de euros que salían del país.

Tras numerosas vigilancias y seguimientos, los agentes pudieron localizar los domicilios particulares, tanto de los actuales propietarios, como de los anteriores, ya que este establecimiento había sido traspasado en una ocasión, aunque la actividad criminal se remontaba también a los primeros dueños del locutorio.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, se procedió tanto al registro de los domicilios, como del local, procediendo a la detención de los dos propietarios actuales y de los dos anteriores.

Se les imputan delitos de lavado de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.