Ciudad de México.- Los resultados en el combate al lavado de dinero en México para golpear las estructuras financieras de las organizaciones criminales son escasos. Un informe estadístico del gobierno federal revela que entre 2007 y 2011 las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita derivaron sólo en 79 sentencias condenatorias contra los presuntos responsables.

El número de condenas obtenidas contra operadores financieros ilegales en el país contrasta con las mil 376 averiguaciones previas iniciadas en esos cinco años por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Alteración de Moneda, aunque sólo 319 expedientes se concluyeron y se enviaron a tribunales.

Así lo reconoce la PGR en el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el que las cifras evidencian la dificultad que existe para llevar a proceso a lavadores de dinero en el país, aunque durante 2011 se intensificaron las acciones, ya que sólo en ese año se iniciaron 351 expedientes (15% más respecto a 2010).

No obstante, de las más de mil investigaciones penales que condujo el Ministerio Público de la Federación especializado en operaciones con recursos de procedencia ilícita de 2007 a 2011, un total de 209 se fueron a la reserva y en 97 de ellas no se comprobó un delito. Destaca que sólo 23% de las averiguaciones previas iniciadas fueron consignadas ante juzgados, que implicaron el ejercicio de la acción penal en contra de 776 presuntos responsables.

Sin embargo, de los casos que llegaron ante el Poder Judicial de la Federación se obtuvieron únicamente 192 órdenes de aprehensión contra los acusados y se iniciaron 270 procesos penales, lo que se traduce en que sólo 29.5% de los juicios abiertos durante cinco años derivaron en sentencias condenatorias (79 casos), en los que la autoridad ministerial acreditó la comisión de un delito.

El documento también indica que mientras la PGR actuó penalmente contra 776 personas, sólo se detuvo a 646 presuntos responsables, y en el mismo periodo desarticuló 23 organizaciones delictivas dedicadas al lavado de dinero en el país.

En el informe también se da cuenta de que en el mismo lapso se aseguró numerario por un monto de 133 millones 644 mil 370 pesos, así como 199 millones 602 mil 150 dólares estadounidenses, además de otro tipo de moneda extranjera, derivado de las investigaciones que realizó la PGR, que cuenta con tres células especializadas para el combate al lavado de dinero, en las que participan contadores, personal ministerial y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Ley “congelada”

A fin de hacer más eficiente la detección de operaciones ilícitas y dotar a la PGR de mayores herramientas de investigación para procesar con éxito a los operadores financieros, el Ejecutivo presentó la iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con la que se pretende frenar las estructuras financieras del crimen organizado y de las bandas criminales en general.

La norma prevé hasta 10 años de cárcel para los empresarios que oculten, manipulen o falsifiquen información para encubrir el lavado de dinero; obliga a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias, entre otras, a entregar a las autoridades información que permita detectar operaciones sospechosas o irregulares, además de que prohíbe comprar en efectivo bienes inmuebles por un monto superior a un millón de pesos o vehículos con un costo mayor a los 400 mil pesos, entre otros.

Incluso, contempla la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; sin embargo, la ley está “atorada”, pues, a pesar de que se aprobó el 30 de abril pasado en la Cámara de Diputados, las modificaciones que se realizaron obligan a que sea enviada de nueva cuenta al Senado de la República, así que está en un impasse legislativo.

En tanto se cuenta con una legislación acorde al desafío de golpear las estructuras financieras de la delincuencia organizada, “que es clave para frenar el flujo de divisas y de poder hacia las organizaciones de narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos”, según indica un reporte de la embajada de EU, se ha estrechado la colaboración bilateral contra este ilícito.

El reporte de la sede diplomática, titulado Combate al lavado de dinero, de 2011, detalla, por ejemplo, que fiscales de ambos países participan en seis casos de investigación conjunta contra redes financieras que operan en los dos territorios.

Además de que el Departamento del Tesoro ha designado desde 2008 a más de 270 individuos y 135 entidades como sospechosas por sus nexos con las redes financieras de los cárteles más peligrosos de México.