Inglaterra.- El ex juez español Baltasar Garzón, que encabeza como abogado el equipo de defensa de WikiLeaks y su fundador Julian Assange, es un pionero de la “justicia universal” que ordenó detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet y trabajó contra el grupo armado ETA.

En su última causa por la justicia internacional, Garzón asiste como abogado al australiano Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio, que esta semana obtuvo asilo político del país latinoamericano.

Garzón espera actualmente que el Reino Unido responda al pedido de un salvoconducto que pondría a salvo a Assange, quien enfureció a Estados Unidos al filtrar en 2010 cientos de miles de cables diplomáticos confidenciales sobre las guerras de Afganistán e Irak, entre otros asuntos.

Assange, reclamado en Suecia por un presunto caso de agresión sexual y violación que él niega, teme ser finalmente extraditado a Estados Unidos, donde podría tener que responder de acusaciones de espionaje tras la revelación de esos cables.

Al asumir su defensa a finales de julio, Garzón anunció que se esforzaría en “demostrar que el proceso secreto en Estados Unidos contra Julian Assange ha comprometido y contaminado cualquier otro proceso legal, incluyendo el de extradición”.

El ex magistrado de la Audiencia Nacional expresó previamente su preocupación por la falta de garantías y transparencia en la actuación contra Assange.

— Un ex juez “exiliado” —

En febrero de este año, Garzón fue condenado a 11 de años de inhabilitación profesional por haber ordenado la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, en un caso de corrupción que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España.

El Tribunal Supremo español lo absolvió el mismo mes en otro famoso caso, en el que fue procesado por un presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) por intentar investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo, precisó una fuente judicial.

Diez años después de hacerse mundialmente famoso con la detención en Londres de Pinochet por crímenes de lesa humanidad, el mediático juez de cabello cano, finas gafas y trajes impecables decidió el 17 de octubre de 2008 abrir una instrucción sobre los cerca de 114.000 desaparecidos del franquismo que acabó volviéndose contra él.

Su intento fue coherente con la trayectoria profesional de un juez que con el caso Pinochet desató un efecto dominó, ya que países como Chile, Argentina y Guatemala empezaron a investigar los crímenes de sus dictaduras.

Cómo ignorar a los desaparecidos de la dictadura española, tras haber investigado en España los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), logrando incluso llevar a juicio al ex represor argentino Adolfo Scilingo, condenado en 2005 a 1.084 años de cárcel.

Hijo de un empleado de gasolinera que creció en la miseria de la España rural de los años 1950, Garzón se forjó una carrera a base de esfuerzo: tras ser becario en secundaria pasó por el seminario antes de encontrar su vocación: el derecho.

Nombrado en 1988 en la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), este juez de apariencia tímida, casado y con tres hijos, coleccionó los casos delicados, ganándose por el camino más de un enemigo.

Aunque algunas de sus grandes investigaciones sobre el terrorismo islámico o los traficantes de cocaína gallegos fueron criticadas en los tribunales, el juez logró grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA.

Y pese a haber tenido un cargo en el último gobierno de Felipe González (1982-1996), eso no le impidió investigar a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organización secreta creada en los años 80 bajo el gobierno socialista para eliminar físicamente a miembros de ETA.

Tras ser suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional en mayo de 2010, Garzón se “exilió”, como afirman sus allegados, primero como asesor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya y luego como consultor en Colombia.