Ciudad de México.- A 14 años de la masacre de 49 migrantes en Cadereyta, Nuevo León, no se han esclarecido los hechos, no hay sentencia condenatoria –únicamente cuatro sujetos han sido procesados–, faltan 30 cuerpos por identificar y la entrega a las familias de las extremidades faltantes de las víctimas identificadas, denunció Fundación para la Justicia.

Aunado a ello, agregó, las familias de las víctimas identificadas no han recibido reparación de daños, así como tampoco se ha dado la disculpa pública correspondiente por parte de las autoridades de Nuevo León, pese a que la Recomendación 8VG/2017 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue aceptada en su totalidad por las autoridades correspondientes (los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas y la Fiscalía General de la República).

El 13 de mayo de 2012, se hallaron 49 torsos al borde de una carretera en Cadereyta, con una manta en la que el cartel de Los Zetas presuntamente se atribuía el crimen.

“ La masacre ha quedado grabada como un caso emblemático de violencia extrema contra la población migrante, en el contexto de la ‘guerra contra el narcotráfico’”., señaló la organización defensora de derechos humanos.

Desde el 2020, 10 familias de Honduras, agrupadas en el comité COFAMICENH de dicho país, “se han sometido a todas las etapas, requerimientos y exigencias del proceso de acceso a la reparación del daño” ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), entre oficios, formatos, entrevistas multidisciplinarias, manifestaciones de daño, indicó la organización.

“ Los expedientes quedaron integrados desde julio de 2025, sin embargo, hasta la fecha el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV no ha emitido el dictamen correspondiente ni ha respondido a las solicitudes de información de las víctimas y sus asesores, contrario a ello ha solicitado a las familias una y otra vez, documentación previamente entregada a la institución”, advirtió.

En diciembre de 2025, familiares de las víctimas se dirigieron en video a la Comisionada Martha Yuriria Rodríguez Estrada para pedirle que los recibiera.

Una de ellas fue Dora Varela, hermana del hondureño Josué González Betancourt, una de las víctimas, quien pidió a la comisionada Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la CEAV, “un poco de empatía” y que les brinde las medidas de asistencia que necesitan para avanzar en el caso y obtener verdad, justicia y reparación. Después de cinco meses, aún no reciben respuesta, alertó la Fundación.