La pregunta sobre los 58 millones de pesos que Altos Hornos de México (AHMSA) pagó a Rubén Moreira y a otros políticos, en vuelos privados y estipendios, no es por qué Alonso Ancira desembolsó tal cantidad de dinero, sino ¿a cambio de qué? Según el exgobernador, los 134 viajes sufragados por la empresa fueron con motivo de trabajo y constan en su agenda. ¿Qué actividades oficiales realizó en Montreal, Montevideo, Tegucigalpa, Cancún y Acapulco? En los informes ante el Congreso no habló de ellos.

La Presidencia de la República documentó que el dinero para consentir a gobernadores, funcionarios y hasta a una primera dama salió de AHMSA. Sin embargo, la empresa cotiza en bolsa y está sujeta a la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Los títulos de la acería estuvieron fuera del mercado dos décadas, después de que el 25 de mayo de 1999 se acogiera a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943. La norma se abrogó al poco tiempo, pues, según expertos, era deficiente y fomentaba “arreglos extrajudiciales entre los deudores y acreedores”.

Ancira se exilió en 2003 en Israel —donde más tarde lo visitaría el gobernador Humberto Moreira— “para evitar una orden de captura promovida por la Secretaría de Hacienda de México por fraude fiscal” (Expansión, 15-09-08). Convenientemente, el 16 de mayo de 2016, un año antes de terminar la Administración de Rubén Moreira (principal beneficiario de los vuelos patrocinados por AHMSA, con 31.5 millones de pesos), un juez de Coahuila puso punto final a la suspensión de pagos. Corresponde a la CNBV y a Hacienda determinar si la empresa incurrió en irregularidades; y a la Fiscalía General de la República, si el exgobernador cometió conflicto de interés.

Los vuelos y gastos denunciados por la Presidencia de la República ocurrieron en el tercer año de Gobierno de Rubén Moreira, actual líder de la bancada del PRI y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. La Ley General de Responsabilidades Administrativas dice al respecto: “Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podrían consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles (…) servicios (…) y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge (…)” (Artículo 52. Capítulo II, De las faltas de los Servidores Públicos).

Moreira manejó el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia a su arbitrio, incluso antes de ser Gobernador. La misma legislación advierte: “Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a las que se refiere el Artículo 52 de esta ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento” (Artículo 55).

Desde el principio de su Administración, Andrés Manuel López Obrador apuntó hacia quienes mandan realmente en el país. “El Gobierno de México impulsa acciones para que las instituciones (…) no sean usadas para el servicio de los intereses corporativos ni para consolidar fortunas”. El Presidente conoce al dedillo la historia de AHMSA: a quiénes benefició Salinas de Gortari con la privatización de la empresa, fundada en 1942 por Harold R. Pape; su influencia política y su relación con los gobernadores. No en balde destapó los pagos a Rubén Moreira. Ancira se aferra a la acera con uñas y dientes, pero se ha quedado solo.