Ciudad de México.- A casi un año del incidente en el festival Axe Ceremonia, donde murieron dos fotoperiodistas tras caerles una estructura elevada, aún no hay detenidos, debido a que sigue sin iniciar el proceso judicial.

La fiscal General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, explicó que la audiencia inicial se ha retrasado debido a que la defensa de la familia de una de las víctimas, Berenice Giles, ha solicitado que también sean imputadas las empresas Ocesa y Lobo. 

No obstante, señaló que su dependencia no ha encontrado indicios suficientes para acusarlas, ya que, aunque existen otras empresas involucradas que ya cuentan con la calidad de investigadas, no hay información que permita formular imputaciones. 

Asimismo, indicó que una de las empresas estaba relacionada con la boletería del festival o con el personal encargado de recibirla; sin embargo, en un inicio, no tenía una participación directa en lo relacionado con la grúa.

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Alcalde Luján agregó que ya están formalmente acusadas del delito de homicidio culposo las empresas que permitieron la instalación de la grúa, así como las omisiones de personas que desarrollaron el plan de protección civil, quienes lo supervisaron y verificaron si se estaba cumpliendo.

“La empresa, también o las personas físicas relacionadas con la supervisión del plan de protección civil, que desarrollaron el plan de protección civil y sometieron a autorización de la autoridad un plan que después se incumplió, así como la omisión de haber supervisado que se cumpliera, poniendo estas grúas que no estaban, que no formaban parte del plan y también incluso, más allá, la empresa que presentó la solicitud del plan de protección civil y que permitió que las grúas entraran al festival”.

“Por otro lado, la funcionaria confirmó que no cederán ante presiones, pues la Fiscalía “tiene los elementos para imputar y va a ser muy objetiva, y tampoco vamos a dejarnos presionar”.

Añadió que ya se interpuso una denuncia por “presuntos delitos de abogados”, esto luego de que se diera a conocer que Gerardo Guzmán Jiménez, uno de los representantes legales de la familia de Berenice Giles, trabaja en la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno capitalino.

Además de pedir que sea deslindada de responsabilidades una de las empresas imputadas: la operadora Eclectic S.A. de C.V.

“Recibimos una denuncia que ya se está investigando por delitos cometidos por litigantes, abogados y patrones, y efectivamente es por ese tema de estar presentando recursos, notoriamente improcedentes, lo cual se ha derivado en el retraso de la judicialización de uno de los casos, el tema del posible vínculo de uno de los representantes legales con uno de los imputados; además de representar a la víctima, son cosas que están investigando”.