Queridas amigas y amigos, esta semana no puedo dejar de expresar mis condolencias y pesar por la lamentable muerte de María Guadalupe Reyes Raygoza, excandidata a la alcaldía y exdirigente municipal del PAN de Astacinga, Veracruz, no solo por tratarse de una panista, sino por lo que ella -y tantas otras mujeres- representan, como el flagelo que no termina de resolverse, mientras que la violencia contra la mujer debe y tiene que ser erradicada en nuestro país, seguimos viendo la suma de la incongruencia y la ineficacia que dan como resultado la indiferencia y para ello, basta echar un vistazo a la delicada situación que se está viviendo en Guerrero.

Una vez más debemos levantar la voz para exigir las condiciones mínimas de seguridad, que permitan a los ciudadanos, y de manera particular a las mujeres, buscar su desarrollo y bienestar personal y familiar. En 2018 tuvimos que lamentar la muerte de 17 candidatas, y en lo que va del actual proceso electoral ya sumamos cinco: Florisel Ríos, Ivonne Gallegos, Gladys Merlín y el de su hija Karla Enríquez, junto al de Guadalupe Reyes; el punto es que no se trata de un número, sino de la pérdida de la vida de cinco mujeres, que hoy han pasado a formar parte de una estadística, que nos obliga y exige a pedir justicia y, una vez más, reiteramos, es urgente que el Gobierno implemente las medidas que frenen la violencia política y que permitan el desarrollo de los procesos electorales en orden y apego al estado de derecho.

No omito mencionar que la violencia contra la mujer en América Latina es una situación muy crítica, el equipo de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina ha señalado que esta es la región más violenta del mundo contra las mujeres -fuera de un contexto de guerra- y en México el feminicidio y la violencia contra la mujer, está representando niveles epidémicos, muchas veces relacionados con el crimen organizado.

Por lo que la realidad que prevalece respecto de las cifras nos permite señalar que las mujeres mexicanas estamos enfrentando una delicada situación de vulnerabilidad y desventaja, estas muertes no pueden quedar impunes, pues si bien deben ser entendidas como copia fiel de la violencia de género en México, atender a fondo el problema sería la única forma de entender un esfuerzo encaminado a resolverlo.

De acuerdo al informe de violencia contra la mujer del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México, aparte de los asesinatos a mujeres por cuestiones de género que se investigan como feminicidios, quedan reportados también como violencia contra la mujer.

Las condiciones para que se llegue a la conclusión de que se ha registrado un feminicidio, se encuentran dispuestas en el Código Penal Federal, que señala “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”, y se establecen distintas razones de género por las cuales se tipifica como feminicidio, como lo son “I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

Por si esto no fuese suficiente, en el estado de Guerrero, la 4T y los intereses del titular del Ejecutivo, no quitan el dedo del renglón y se empeñan en imponer a su candidato a la Gubernatura del estado, que no puede ser visto de otra forma que, como la bandera en contra de la dignidad y el respeto a las mujeres, lo cierto es que, a fuerza, ni los zapatos entran.

Por ello no dejaremos de insistir que es obligación del Gobierno el garantizar las condiciones de seguridad y de justicia que permitan llevar a cabo los procesos electorales, con apego a un pleno estado de derecho.