Chihuahua, México.- Ocho meses después del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, autoridades de Chihuahua acataron proteger a 11 integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui, Municipio de Urique.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Unidad Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, realiza acciones tendientes a cumplir con las medidas cautelares de seguridad y protección para los miembros de la comunidad religiosa en cumplimiento a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“ Con estas acciones se busca proteger la vida e integridad personal para que continúen realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos ni actos de violencia en su contra”, indicó este jueves la FGE.

A través de la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se realizan diversas actuaciones para ejecutar el mandato de la CIDH conforme a los estándares internacionales.

“ Para lo cual un equipo multidisciplinario de servidores públicos especializados en materia de psicología, trabajo social, jurídico y área de investigación, atienden de manera colegiada a cada una de las personas con protección tras los sucesos violentos registrados en la comunidad de Cerocahui, así como en la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna”, anotó la dependencia.

Hasta ahora, el equipo especializado ha logrado brindar atenciones directas y obtener datos que serán tomados en cuenta para el desarrollo de los análisis de riesgo que se trabajarán de manera coordinada por la Fiscalía General del Estado y el Órgano Federal competente.

El 20 de junio de 2022, fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma, en la parroquia de San Francisco Javier, en la comunidad de Cerocahui.