Guadalajara, Jalisco.- Para sancionar a funcionarios que presuntamente incurren en actos que afectan el interés púbico, ciudadanos han solicitado desde la Legislatura 60 hasta la 63, un total de 261 juicios políticos, pero el Congreso de Jalisco sólo ha castigado a tres de los imputados.

Registros del portal de Transparencia del Legislativo sobre información en materia de responsabilidades de los servidores públicos suman desde enero de 2013 hasta el 31 de mayo de este año 261 trámites para enjuiciar a funcionarios.

Sin embargo, sólo tres personajes sometidos a juicio han sido sancionados, entre ellos Elisa Ayón Hernández, quien siendo regidora en Guadalajara fue expuesta por estar implicada en corrupción. Pedía “tajada” en el área de Panteones Municipales, lo que causó que diputados la destituyeran e inhabilitaran para ejercer cargos públicos por 10 años el 5 de marzo de 2014.

Otro es Luis Carlos Vega Pámanes, ex titular del Poder Judicial, quien enfrentó siete juicios políticos por concesionar irregularmente el estacionamiento de Ciudad Judicial, intervenir ante la Policía de Guadalajara para liberar a dos supuestos delincuentes, y ocultar sus antecedentes criminales cuando era candidato a Magistrado; por ello, el Congreso lo inhabilitó nueve años el 27 de febrero de 2018.

El tercero es el ex Alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, quien por revictimizar a una servidora pública que sufrió acoso fue enjuiciado por los diputados y, el 3 de junio de 2022 lo sentenciaron a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

De los 261 trámites de enjuiciamiento registrados en el periodo referido, sólo 51 permanecen activos, ya sea en estudio o pendientes de votación; el resto, 210, concluyeron y fueron archivados, pero sólo se aplicó sanción en los casos referidos.

La Ley de Responsabilidades Políticas del Estado establece que pueden ser sometidos a juicio político los Magistrados y jueces, titulares de Secretarías estatales y de organismos públicos descentralizados, el Fiscal, contralor estatal, así como consejeros electorales, de la Judicatura y de Transparencia, los Alcaldes, regidores, síndicos y tesoreros.