Ciudad de México.- Después de las modificaciones hechas por el Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud en materia de Seguro Popular que busca combatir actos de corrupción en la compra de medicamentos y sancionar con multas y cárcel el desvío de recursos públicos.

Con 73 votos a favor, 40 en contra y cinco abstenciones fue avalada la minuta que forma parte de las iniciativas que el Ejecutivo Federal remitió a San Lázaro en septiembre del año pasado, como parte de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social.

La reforma faculta a la Secretaría de Salud (SSA) a establecer precios de referencia en los insumos

Los cambios terminan con las arcas abiertas del Seguro Popular para los gobernadores y faculta a la Secretaría de Salud (SSA) a establecer precios de referencia en los insumos, a los que se deben sujetar los estados de la República.

Además se establece de manera clara la obligación de los servicios estatales de salud de denunciar presuntos desvíos de recursos, ya sea en efectivo o en especie, lo que ya se encuentra tipificado como delito grave en el Código Penal.

En general, el dictamen consolida a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud.

Al hablar a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, la diputada federal Eva Diego Cruz recordó que este ilícito será castigado con una pena que va de cuatro a siete años de prisión y una multa de entre mil y 500 mil días de salario mínimo.

Manifestó que aunque el Partido del Sol Azteca no está de acuerdo con la centralización, en ninguna de sus formas, votó a favor de la iniciativa, porque es necesario combatir el mal manejo de los recursos públicos, “ante las repetidas situaciones de corrupción que se han dado por parte de las entidades federativas”.

La reforma instruye a los estados a tener cuentas bancarias especiales para el manejo del Seguro Popular, donde se realizarán los depósitos con las instrucciones precisas sobre la manera de realizar los pagos a proveedores y prestadores de servicios.

Asimismo, el dictamen obliga a los sistemas estatales a llevar contabilidad e información financiera de los recursos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Senado de la República aprobó el documento el pasado 8 de abril, pero debido a los cambios realizados lo regresó a la Cámara de Diputados, donde fue avalado y turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación.