Es tiempo de actuar con la mayor responsabilidad y profesionalismo posibles. La crisis sanitaria y económica que estamos comenzando a enfrentar son de pronóstico reservado. El impacto que ocasionen depende directamente de qué tan rápido implementemos las medidas que sean necesarias. Entre más demoremos, peor será el daño. Aquí y ahora, el espacio para las frivolidades y las payasadas se agotó. Es tiempo de liderazgos verdaderos.

Por supuesto, la prioridad en este momento es la salud de todos. Sin embargo, debemos centrar nuestra atención en los grupos más vulnerables, entendiendo que la capacidad hospitalaria en el país es limitada y que no podremos cambiar esa realidad en el corto plazo. Convocar a que la ciudadanía permanezca en sus casas, extreme sus prácticas de aseo personal y se aísle en caso de presentar síntomas no es de alarmistas sino de quienes entienden su responsabilidad histórica ante la crisis. Quienes nos dedicamos de manera profesional a la política debemos poner el ejemplo cancelando todo acto que eleve la posibilidad de contagio. No hacerlo es criminal.
Parte de las medidas que deberían ser tomadas es la reorientación del Plan Nacional de Infraestructura y el Acuerdo Nacional de Inversión, suspendiendo aquellas obras de bajo impacto social y sustituyéndolas, entre otras, por clínicas y hospitales. Ya sabíamos que el sistema de salud estaba mal. Ahora no hay pretexto alguno para no ponerle la mayor atención posible. Se debe diseñar un proyecto de corto, mediano y largo plazo para robustecer la capacidad de atención hospitalaria del país, sobre todo, en las áreas de urgencia.

Ahora bien, resulta de la mayor importancia entender que el problema económico que se avecina tendrá efectos negativos que se prolongarán en el tiempo. Quienes recibirán el mayor impacto serán las familias de las clases media y baja, por la pérdida de empleos y la baja inversión, tanto pública como privada. De ahí la necesidad de implementar medidas emergentes que protejan a las pequeñas y medianas empresas y a sus trabajadores. En verdad urgen estímulos fiscales que incluyan prórrogas para la presentación de las declaraciones anuales, tanto para las personas morales como para las físicas que tengan actividad empresarial.

Vivimos en un mundo en el que muchas tareas pueden realizarse desde los hogares. Sin embargo, no todas las empresas tienen la capacidad humana o tecnológica para concretar esa manera de operar. Es importante que el Estado implemente distintos mecanismos para apoyar la transición hacia el llamado home office, lo que bien diseñado y correctamente ejecutado, permite, no solo ayudar con la contingencia sanitaria sino, además, la generación de ahorros para el sector empresarial y para los trabajadores que puedan caer en este supuesto.
Sin embargo, es cierto que quienes más sufrirán el impacto negativo en su economía –y que pondrán en riesgo mayor su salud– son aquellas personas que viven al día. Quienes no tienen ahorros a los cuales apelar y que su labor cotidiana es su único sustento. Para ellos deberán crearse programas especiales de ayuda, que les permitan subsistir durante la contingencia. Todavía estamos a tiempo. ¿Asumirán su responsabilidad quienes están al frente del país y de las entidades federativas?