Saltillo, Coah.- Egresados, profesores y exdocentes del Instituto de Estudios Superiores en Medicina y de la Universidad del Conde, ubicadas en Veracruz, han sido acusados y sentenciados por homicidio doloso, lesiones, mala praxis, negligencia médica y usurpación de profesiones.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones y antecedentes penales, gran parte de ellos continúa ejerciendo en diferentes estados del país, a pesar de haber ocasionado la muerte de pacientes y de que las maestrías que ofrecen los planteles en Cirugía Estética y la especialidad en Estética y Longevidad, carecen de validez oficial.

Pagan y continúan

Quienes han provocado la muerte de pacientes llegan a un acuerdo reparatorio y vuelven a realizar cirugías estéticas provocando más lesiones a quienes contratan sus servicios.

 José Enrique Gámez Ureña, en 2013 provocó la muerte de un hombre y acordó la reparación del daño con la familia. En 2016, como profesor, fue acusado de lesiones, mala praxis y usurpación de funciones, pero libró la cárcel al pagar 245 mil pesos a la víctima. En 2018 fue acusado de lesiones y mala praxis al intervenir a una mujer, pero libró la cárcel con acuerdo reparatorio y en 2022, fue vinculado a proceso por causar lesiones e incurrir en práctica indebida del servicio médico, donde la víctima fue otra mujer. Todos los hechos ocurrieron en Michoacán.

El profesor Jaime Calderón Ortiz, en 2015 pagó 170 mil pesos de indemnización a un paciente, al provocarle lesiones; en 2018 logró acuerdos reparatorios con dos mujeres, al causarles lesiones, además de incurrir en práctica indebida del servicio médico. Un año después incurrió en usurpación de funciones y llegó a un acuerdo reparatorio con el paciente a quien causó lesiones.

El exprofesor Raúl Góngora Alexandre enfrentó denuncia penal y llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima de lesiones y mala práctica médica, hechos ocurridos en 2017 en Baja California.

Juan Arturo Hernández Montejano, también exprofesor, fue sentenciado por delito doloso en la muerte de un paciente en Quintana Roo, en 2015.

Egresados

En 2018, Gabriela Guadalupe Ponce Paredes fue acusada de homicidio culposo y pagó un millón de pesos a los familiares de la mujer a la que atendió en Puebla, quien falleció en el procedimiento.

En 2017, Ignacio Zeus González llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima de lesiones en Michoacán; en 2021 fue vinculado a proceso por lesiones y usurpación de funciones, y también enfrenta averiguación previa por provocar lesiones a otra mujer.

En 2017, Romeo Castillo Pérez fue sentenciado por homicidio culposo por la muerte de una paciente en Tabasco. Volvió a ejercer y en 2022 fue acusado de causar lesiones a una mujer en el mismo estado, proceso que se mantenía abierto.

Alexander Leroy y Mauricio de la Paz enfrentan proceso por el deceso de una mujer en Baja California, ocurrido en 2022. Leroy es acusado de lesiones y usurpación de funciones al atender a otra paciente en el mismo estado, proceso que sigue abierto.

En 2018, José Manuel Báez López enfrentó averiguación penal por provocar lesiones a una paciente en Baja California. En 2021 enfrentó proceso penal por la defunción de una paciente en el mismo estado.

En 2021, Eduardo Gómez Casarrubias recibió sentencia por lesiones y usurpación de funciones al intervenir a una mujer, y al año siguiente fue detenido por homicidio doloso al perder la vida una paciente en la Ciudad de México.

Sentenciados por homicidio

Salatiel Acal Mercado Ciudad de México 2016

Humberto Martín Moreno García Ciudad de México 2016

Adán Benavides Jones Ciudad de México 2015

Delitos

Homicidio doloso

Lesiones

Mala praxis

Negligencia médica

Usurpación de profe

‘Sergio ‘N’ debe ser acusado por homicidio

Marco Antonio Barreda Gaxiola, vicepresidente de la Federación Colegiada de Cirugía Plástica de México, aseguró que Sergio “N”, quien operó a Jaqueline Yamileth, debe ser acusado por los delitos de homicidio doloso y usurpación de profesión, pues realizó la cirugía a sabiendas de que carecía de la preparación adecuada y de los estudios profesionales requeridos.

La Federación ha contabilizado alrededor de 50 expedientes penales abiertos en contra de egresados, maestros y exprofesores de esos centros educativos y, a pesar de sentencias emitidas, siguen ofreciendo sus servicios que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

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Tienen un montón de procesos judiciales y ellos le siguen y las autoridades judiciales no hacen nada. No se les ha tipificado bien el delito en que incurren, pero en realidad es homicidio doloso, porque ellos saben que no pueden operar y que no deben de operar, que no tienen las cédulas ni las certificaciones para operar y operan”.

Sergio “N”, prófugo de la justicia, egresó del Instituto de Estudios Superiores en Medicina, de Veracruz, que, junto con la Universidad del Conde, del mismo estado, ofrecen la maestría de Cirugía Estética y la especialidad en Estética y Longevidad, sin contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios.

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Y el anestesiólogo puede ser que sí sea anestesiólogo, él no está usurpando la profesión, pero sí es cómplice de homicidio doloso y es cómplice de usurpación de profesión”.