Ciudad de México.- Tras la solicitud de órdenes de aprehensión contra 31 científicos y ex funcionarios, realizada y reconocida por la FGR, el Conacyt acusó una campaña de desinformación sobre el caso.

“El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología expresa su total rechazo a la ola concertada de desinformación en medios y redes sociales, en alusión a unas ‘órdenes de aprehensión en contra de científicos'”, expuso en un comunicado.

“Sin duda, esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”, abundó.

La declaración, emitida este miércoles, se da como respuesta a una oleada generalizada de repudio e indignación de la comunidad científica contra las acciones penales que pretende imponer, por tercera ocasión, la FGR, dependencia cuyos intentos han sido rechazados dos veces.

Académicos de la UNAM, la UAM, el CIDE, el Instituto Mora y otras instituciones se han pronunciado ya en contra de los intentos por encarcelar en un penal de alta seguridad a 31 personas, entre científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y ex funcionarios de Conacyt.

En su comunicado, el Consejo reconoce que realizó una denuncia presentada por “evidentes posibles irregularidades” ante el Ministerio Público.

Desde hace 3 años, el Conacyt y el FCCyT se han enfrentado judicialmente por la búsqueda de la dependencia de Gobierno de dejar prácticamente sin recursos al órgano consultivo.

“Es preciso recordar que, en 2019, el Conacyt mantuvo un proceso de diálogo con la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A. C., que exigía al Consejo recursos anuales por 50 millones de pesos. Bajo los principios de la austeridad republicana y acorde con los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Federal, el Conacyt ofreció apoyar a esta asociación con un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas, el cual fue rechazado por el FCCyT A. C. y, en cambio, interpuso un recurso de amparo y judicializó el caso”, declara el Conacyt.

“Durante el proceso judicial y defensa del Conacyt, se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A. C., desde distintos fideicomisos del Conacyt. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”, concluye.

En el texto, el Conacyt omite que el FCCyT ya recibió un fallo favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia, que había avalado la legalidad de los recursos que le fueron otorgados.

Asimismo, el Conacyt se deslindó de la forma en la que ha escalado el caso.

“Es preciso señalar que, ante cualquier presunto acto indebido en agravio del erario y posible daño patrimonial, es obligación jurídica y ética del Conacyt el hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes, tanto administrativas como penales. Son éstas, y no el Conacyt, quienes cuentan con las atribuciones para investigar y dar el seguimiento jurídico que corresponda. Las acciones que emprendan estas instancias no son responsabilidad ni atribución del Conacyt”, señaló.