México D.F.- El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció la ejecución extrajudicial de la joven Diana Calderón Bravo y la detención arbitraria de su hermano, un adolescente, por parte de soldados desplegados en esa ciudad fronteriza.

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, con copias al secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, el presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, y la madre de las víctimas, María Guadalupe Bravo Alonso, narra la muerte de Diana y la detención de su hermano Job, el pasado martes 19.

En el documento, que tiene fecha del 21 de mayo, día en que Peña Nieto estuvo de gira por Reynosa, se señala como responsables de la muerte de la joven de 21 años a soldados pertenecientes al Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizada.

También recuerdan a Peña Nieto que en el 15 de febrero pasado el CDHL le notificó sobre la ejecución extrajudicial de Gustavo Ortega Pérez, homicidio en el que están involucrados efectivos del mismo regimiento, por el que la Procuraduría General de la República abrió una averiguación previa sin que hasta el momento se haya detenido a los responsables.

La misiva dirigida a Peña Nieto menciona que la tarde del 19 de mayo hubo un operativo militar en una colonia cercana a las vías del tren, donde Job, de 16 años solía reunirse con sus amigos.

Al escuchar disparos, Diana se trasladó con otra amiga “Alejandra” a bordo de su automóvil hacia la zona donde sabía que se encontraba su hermano.

Antes de llegar, se toparon con una camioneta militar donde se encontraban varios soldados, quienes dispararon al automóvil lo que obligó a Diana a maniobrar para huir del lugar, pero se encontraron con otro piquete de soldados que también les disparó.

En los hechos murió Diana y “Alejandra”, que resultó herida, salió del vehículo con las manos en alto y corrió, para dar aviso a la madre de su amiga, quien intentaba traspasar la zona de las vías del ferrocarril acordonada por militares.

La señora Bravo buscaba a su hijo Job, de quien otro de sus hijos, Abraham, le informó que había sido detenido por militares en un operativo. El adolescente está siendo procesado por posesión de armas.

Por versiones de testigos, la señora María Guadalupe se enteró que los militares dispararon contra los jóvenes reunidos en las vías del ferrocarril, hechos en los que murió uno de ellos al que sólo conocen como “Ricardo” o “Richie”.

De acuerdo con testimonios recabados por el CDHNL, en la zona “los muchachos no estaban armados, que fueron los militares quienes llegaron disparando, que uno de los jóvenes fallecido ‘Richie’ recibió un disparo por la espalda y estuvo tirado por más de una hora sin recibir atención médica, que los militares bajaron de una camioneta del Ejército mexicano municiones, armas y fornituras y los sembraron junto a los cuerpos, alterando deliberadamente, el escenario y los hechos”.

La madre de Diana y Job, así como el CDHNL, exigieron a Peña Nieto “una investigación exhaustiva, urgente e imparcial” para esclarecer las muertes de Diana y “Ricardo”.

Demandaron garantías para preservar la integridad de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y testigos de los hechos “para evitar represalias, actos de intimidación o cualquier otra acción que ponga en riesgo sus vidas, pertenencias y labores habituales, por parte del personal militar o cualquier otra autoridad federal y estatal, que tomen conocimiento”.

Pidieron también que ordene la suspensión de los patrullajes realizados por el personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada en tanto se realzan las investigaciones para “determinar su participación en el fallecimiento de las víctimas, la negación de auxilio, la siembra de evidencias (armamento, municiones, fornituras y droga), así como la alteración del escenario y como consecuencia de todo lo anterior, la distorsión y obstrucción de las investigaciones”.

Asimismo solicitaron sanciones ante el incumplimiento de los Protocolos y Manual de uso de la Fuerza, emitidos el 22 de mayo de 2014.

En la misiva recuerdan a Peña Nieto que “en los últimos cuatro años, personal del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo ha sido denunciado penalmente y ante organismos nacionales e internacionales de derechos humano por violaciones graves como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, secuestro y tortura, mismos que, en algunos casos, enfrentan procesos penales”.

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