Madrid.- El depuesto presidente egipcio Hosni Mubarak ha sido acusado de homicidio intencional por la muerte de 386 personas durante la rebelión que llevó a su derrocamiento el 11 febrero pasado, reveló hoy el diario Al Ahram en su página web.

La acusación fue emitida por la comisión de derechos humanos que investiga los actos de violencia registrados durante los 18 días de rebelión egipcia, que estalló el pasado 25 de enero emulando el éxito de la Revolución de los Jasmines en Túnez.

De acuerdo con la comisión, creada por el gobierno militar de transición, el expresidente y su en ese entonces ministro del Interior, Habib al Adli, son responsables penales de la muerte de al menos 386 personas durante las manifestaciones.

Mubarak y el ministro habrían ordenado la represiones contra los manifestantes, en las que la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma, e incluso fuego real, destacó el diario estatal en su edición electrónica.

Mubarak y al Adli son los responsables directos de los disparos y de la violencia excesiva que la policía y las fuerzas de seguridad egipcias emplearon contra los manifestantes que participaron en la llamada Revolución Egipcia, de acuerdo con la acusación.

La comisión consideró que Mubarak debe responder por la muerte de los manifestantes, con lo que ha turnado sus investigaciones a la Fiscalía General de El Cairo para que proceda en su contra.

Además del depuesto presidente y ministro del Interior, la comisión acusó a varios oficiales de la policía y de altos líderes del Partido Nacional Democrático (PND) de Mubarak de la violencia durante la rebelión.

Los cargos contra Mubarak se dan a conocer a un día de que el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Luis Moreno Ocampo, llegó a El Cairo para reunirse con dirigentes de grupos de derechos humanos y conocer lo sucedido en la rebelión.

Según Al Ahram, Ocampo tiene previsto analizar la inclusión de Egipto en el Estatuto de Roma que creó la CPI, para estudiar la posibilidad de perseguir judicialmente a los implicados en presuntos crímenes contra la humanidad durante la rebelión.