Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil acusaron a las autoridades de Michoacán de revictimizar a Víctor Manuel “N”, el adolescente señalado como autor material del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, por violar la ley al exponer públicamente su rostro e identidad.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Tejiendo Redes Infancia criticaron la exposición del menor de edad presuntamente involucrado en el crimen, y exigieron al gobierno tipificar el delito de reclutamiento forzado de de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

La Redim manifestó su consternación ante el asesinato de Manzo, pero enfatizó que el uso de un adolescente de 17 años como presunto perpetrador es muestra de la crisis que vive México

“Este trágico evento, lejos de ser un hecho aislado, es un crudo reflejo de la crisis de derechos humanos, violencia y abandono que atraviesa nuestro país y que tiene a la niñez y adolescencia como una de sus principales víctimas del reclutamiento y utilización de infancias y adolescencias, por parte de grupos delincuenciales para actividades ilícitas y sobre el que ya hemos alertado en diversas ocasiones”, expuso.

Según la organización, este adolescente es, ante todo, una víctima de la violencia estructural, que lo utiliza como “una herramienta desechable”.

La principal crítica de la Redim se dirige a la Fiscalía General de Michoacán por la publicación del nombre, rostro e información personal del menor de edad. La organización señaló que esta acción constituye una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y a los principios internacionales de justicia, que exigen la estricta confidencialidad para proteger su identidad y derecho a construir un proyecto de vida desvinculado de la criminalidad.

“Al exponer su identidad, se genera una revictimización y se interfiere con la posibilidad de atención integral a su familia o amigos, enviando un mensaje peligroso de estigma, criminalización y condena social, en lugar de un enfoque de justicia restaurativa y protección”, subrayó la asociación especializada en infancias.

Ambas organizaciones hicieron hincapié en el tema del reclutamiento forzado, estimando que la población en riesgo de ser utilizada por grupos delictivos asciende a hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes en el país, siendo Michoacán uno de los estados con mayor riesgo.

El uso del adolescente en un crimen de alto impacto, como el del exalcalde Manzo, refirieron es una “dolorosa evidencia de las fallas en las políticas públicas de prevención”.

En una carta abierta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum, Tejiendo Redes Infancia calificó la tipificación del reclutamiento forzado como una “decisión estratégica de seguridad nacional”.

La organización argumentó que esta práctica criminal vulnera gravemente los derechos humanos y que el reciente asesinato de Carlos Manzo a manos de un menor de edad “da evidencia del contexto político propicio para acciones contundentes”.

Las organizaciones civiles urgieron a los tres niveles de gobierno y al Congreso a implementar medidas inmediatas y de fondo para proteger a la niñez vulnerable como tipificar el reclutamiento forzado como un delito específico tanto en el código penal federal como en los estatales. Subrayaron que la ley debe reconocer a los menores de 18 años involucrados como víctimas y sujetos de derechos, y alertaron contra cualquier intento de disminuir la edad de imputabilidad penal.

Adicionalmente, exigieron a las autoridades que detengan la exposición mediática de los adolescentes involucrados en hechos delictivos. Pidieron el retiro inmediato de cualquier dato que revele la identidad del adolescente presuntamente vinculado al crimen de Manzo, en estricto cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

“
La dignidad y los derechos de la infancia y adolescencia no son negociables ni materia de nota roja”, subrayaron.

Asimismo, demandaron complementar la tipificación con programas integrales de prevención, desvinculación, rehabilitación psicológica y social, así como programas de alerta temprana en comunidades de alto riesgo.

Las ONG’s enfatizaron en que tipificar este delito permitirá desmantelar las estructuras criminales desde su base, debilitando su capacidad operativa y disminuyendo la violencia en el territorio nacional.