Ciudad de México.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, es acusado usar sus influencias para orquestar un proceso judicial ilegal para recuperar cuentas y bienes de su hermano fallecido, Federico Gertz, y además encarcelar a su ex cuñada e hijas.

En septiembre del 2015, Federico Gertz falleció a los 85 años y el actual titular de la FGR denunció a quien fuera la pareja de su hermano por más de cinco décadas, Laura Morán Servín, y dos de sus hijas, de homicidio por la supuesta negligencia que propició el estado crítico de salud que llevó a la muerte a Federico.

Actualmente, la viuda, de 94 años de edad, tiene una orden de aprehensión por homicidio de su concubino y es buscada por la Fiscalía de la Ciudad de México. Su hija, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, está en la cárcel, acusada por el mismo delito.

La otra hija denunciada es Laura Cuevas Morán, pero contra ella la Fiscalía capitalina no solicitó la orden de aprehensión. Ella es la suegra del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

“ Si el Fiscal General de México te denuncia, la ley es: ‘la que digo yo’, y no la que está en los códigos. Hay una violación de derechos humanos orquestada por las propias autoridades que ocultaron información para lograr el arresto de una señora, de 68 años, que estaba amparada”, denunció en un video difundido ayer Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra y nieto de doña Laura.

“ Nunca imaginamos que con la muerte de Federico nacería la persecución contra nuestra familia”, lamentó.

Abogados y familiares de Laura Morán y Alejandra Cuevas han denunciado irregularidades en el proceso, violaciones a las suspensiones de amparo, falta de pruebas y órdenes de aprehensión ilegales.

Testimonios de la familia aseguran que, tras la muerte de Federico, Gertz abrió un canal de negociación y les solicitó le entrega de artículos y obras de arte de su hermano, como cuadros de Diego Rivera y Francisco Toledo, así como alfombras, vajillas de porcelana y cubiertos de plata.

También les requirió un cheque por 3.5 millones de pesos, que la viuda de Federico transfirió desde unas cuentas mancomunadas, y la renuncia a la pensión prevista en el testamento del hermano del hoy titular de la FGR.

El problema para la familia de las acusadas es que el pago y la entrega sólo fueron un acuerdo de palabra.